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El polvorín

Uruguay - Puerto La Paloma - Intimación‏

10 Abril 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

no mineria

Pide intimación.-

Sra. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE 18º TURNO.-

El Ministerio Público - Fiscalía Letrada de la República, Nacional, en lo Civil, de 3er. Turno, con domicilio electrónico en FISNALCIV3@notificaciones.poderjudicial.gub.uy, en los autos caratulados “FISCALIA LETRADA DE LA REP. NAC., EN LO CIVIL DE 3ER TURNO C/ ESTADO – MINISTERIO DE VIVIENDA ORDMTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE - DILIGENCIA PREPARATORIA”, ficha 2-10061/2011, DICE:

Viene a solicitar que se INTIME a los MINISTERIOS de VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL –MVOTMA-, con domicilio electrónico constituido en autos, de TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS –MTOP-, con domicilio en la calle Rincón Nº 561, y de TURISMO Y DEPORTE –MINTUR-, con domicilio electrónico constituido en autos, y a la INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA, con domicilio en la calle General Artigas Nº 176 de la ciudad de Rocha, Departamento de Rocha, a que procedan a cumplir con la realización del procedimiento de evaluación de impactos ambientales y con el ordenamiento ambiental del territorio, todo en forma previa a las actividades proyectadas que se indican a continuación, y bajo apercibimiento de la promoción en su contra de los procesos judiciales pertinentes para obtener la protección del medio ambiente afectado con más el debido ordenamiento ambiental del territorio.

1. Conforme a lo que ya resulta de estos obrados-, se ha decidido destinar al puerto de la ciudad de La Paloma (Departamentoo de Rocha), que está bajo jurisdicción del MTOP, para la salida de la producción forestal de empresas privadas. Precisamente,

ello acontece a iniciativa de la Corporación Anacional Privada, conocida como Botnia o UPM, y de la firma Organización Marítima Grupo Cristophersen. La aquiescencia para con tal gestión portuaria ocasionará significativos impactos negativos en la ciudad de La Paloma y su entorno. Y tales perturbaciones no sólo serán a causa de la anunciada gestión portuaria en si, sino, que, además, serán consecuencia de otras actividades conexas y que la misma presupone: transporte vial de la producción forestal hasta su llegada al puerto y acopio de la misma en sus inmediaciones. Todo este conjunto de actividades determinará variadas afectaciones, acumulativas, previsibles e imprevisibles. Devendrá harto incompatible con el disfrute colectivo de sendos bienes destinados al uso público: aguas, álveos, costas, riberas y playas atlánticas, además degradará el especial y valioso hábitat de la ciudad de La Paloma y su entorno, destruirá su paisaje y su tradición turística, y afectará la calidad de vida de sus pobladores.

Todas estas actividades se anuncia que se comenzarán a desarrollar prontamente, pero sin que se haya tramitado el debido procedimiento de evaluación previa de impactos ambientales que le incumbe llevar a cabo al MVOTMA. Tampoco han existido intervenciones de este Ministerio de Estado en cuanto a su competencia en la tutela de las aguas, playas y riberas atlánticas, ni en cuanto a sus abundantes competencias en materia de ordenamiento ambiental y estratégico del territorio implicado.

Así resulta de lo informado en autos por el propio MVOTMA (fs. 14-14v.).

Es más. De acuerdo a manifestaciones de ciertas autoridades públicas, no existe voluntad para que ello ocurra. Fue lo que expresó en la causa el MTOP (fs. 134-134v.). Y es lo que se da a entender en el reciente documento denominado CONVENIO, de fecha 16 de enero de 2012, suscripto por el MTOP, MINTUR y la IMR, -cuya copia

simple se adjunta al presente escrito. Adviértase que, por el citado documento, se elude toda intervención del MVOTMA, confirmándose la postura de que no existe voluntad de realizar el procedimiento de evaluación previa de impactos ambientales ni el ordenamiento ambiental del territorio implicado.

Otro tanto surge de la entrevista realizada al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, ENRIQUE PINTADO, de 19 de marzo de 2012; entrevista para LARED21 y el Diario La República, realizada por la periodista Sra. ANA MARIA MIZRAHI, que también se adjunta.

Y, al respecto, también se agregan: la misiva enviada a la Fiscalía por parte de la UNION DE VECINOS DE LA PALOMA – UVLP, los comunicados de la UVLP de 22 de febrero y de 7 de marzo de 2012, la nota periodística titulada: “Acuerdo habilitó usar el puerto de La Paloma como terminal pero continúan los reclamos de un estudio de impacto ambiental”, publicada en Espectador.com, con fecha 5 de marzo de 2012, y los artículos periodísticos de La Diaria, de 5 de marzo de 2012, titulados: “Estado de Situación” y “Rochau”.

De no procederse a exigir respecto del conjunto de actividades aquí denunciadas la realización del procedimiento de evaluación previa de impactos ambientales con más la exigencia del cumplimiento, también previo, de un ordenamiento ambiental del territorio, se estarán contraviniendo sendos preceptos constitucionales y legales. De allí que se venga a intimar su cumplimiento en tiempo y forma. A ello están obligadas todas las entidades públicas mencionadas.

2. Son varias las disposiciones constitucionales y legales que obligan a los Ministerios de Estado y a la Intendencia Municipal cuya intimación se requiere.

Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente y la política nacional de Aguas se basará en el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente, preceptúa el art. 47 de la Constitución.

Vale decir, para el caso de autos, la Constitución de la República demanda la aplicación del principio de prevención ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio.

Y al respecto, la Ley consigna la responsabilidad objetiva del Estado en la materia: que es deber fundamental del Estado y de las entidades públicas en general proteger el ambiente (§ 4º, § 6º, § 8 y § 14 Ley de Protección del Medio Ambiente, 17.283, de 30/XI/2000, § 3º, § 4º, § 5º y § 68 Ley de Ordenamiento Territorial, 18.308, de 18/VI /2008).

2.1. El deber de abstención de daños ambientales constituye la raíz constitucional del principio de prevención ambiental, que, a su vez, es la ratio legis del procedimiento de evaluación previa de impactos ambientales.

La conducta funcional del Estado se encuentra regida por los principios de política ambiental y de interpretación para resolver aquellas cuestiones de aplicación de las normas de protección del ambiente, que indican: (*) la distinción de la República en el contexto de las Naciones como País Natural; (*) que la prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental; y (*) que la protección del medio ambiente constituye un compromiso que atañe al conjunto de la sociedad, por lo que tiene el derecho-deber de participar en ese proceso (§ 6º L. 17.283 cit.).

In dubio pro País Natural.

Y la Ley declara de interés general a la prevención, eliminación y mitigación de los impactos ambientales negativos, considerando por tales, -entre otros posibles-, a toda alteración física causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que, directa o indirectamente, perjudiquen o dañen la seguridad y la calidad de vida de la población, las condiciones estéticas del medio, la configuración, calidad y diversidad de los recursos naturales (§ 1º y 2º L. de Impactos Ambientales, 16.466, de 19/I/1994).

Con ello, queda claro que la prevención de los impactos ambientales es de orden público, no es negociable, ni eludible por convenio o acuerdo de gobernantes o gobernados. Por consiguiente, también la realización del procedimiento legal previsto al respecto es de orden público.

Y reténgase que la prevención es calificada como un principio prioritario.

Y es en aplicación de tal prioridad de orden público que la Ley justamente prevé que, para el funcionamiento de ciertas actividades debe realizarse un procedimiento administrativo de evaluación previa de impactos ambientales (§ 5º y § 6º -apart. “J)” - L. 16.466 cit.). Y se enuncian, entre otras, en un elenco no taxativo de casos en los que se debe realizar el citado procedimiento, a las siguientes actividades, construcciones u obras, públicas o privadas: puertos, muelles, escolleras o espigones, obras de explotación de recursos hídricos, actividades que se proyectaren realizar en la faja de defensa costera, construcción de terminales de carga o descarga, unidades agroindustriales que puedan causar un impacto ambiental grave, y todas aquellas que en forma análoga puedan causar impacto ambiental negativo o nocivo (§ 6º L. 16.466 cit., § 2º Dec. 349/005, de 21/IX/2005).

La evaluación de impactos ambientales es el procedimiento administrativo finalísticamente dirigido a identificar, predecir, valorar, comunicar y prevenir los impactos de una acción o actividad determinada sobre el medio ambiente. Es un procedimiento de ponderación anticipada y de necesario análisis científico. Es por esencia informativo, participativo y habilitante de la contradicción colectiva. Al respecto, debe tenerse en consideración que el debido seguimiento del citado procedimiento también implica acatar el principio de política ambiental y de ordenamiento territorial de la participación pública (§ 6º L. de Protección del Medio Ambiente, 17.283, y § 4º, § 6º y § 72 L. de Ordenamiento Territorial). Esto es, que los ciudadanos y vecinos de la zona puedan ejercer su derecho a ser oídos en sus argumentaciones y oposiciones, y que, luego, el Ministerio de Estado encargado de la tutela ambiental recién se pronuncie habiendo tenido previamente en consideración la opinión de la ciudadanía. Y en especial que ésta pueda ser oída de conformidad con las oportunidades que la Ley de Impactos Ambientales les concede (§ 13 y § 14 L. 16.466). Con la omisión del procedimiento de evaluación de impactos, se censura la debida instancia de participación ciudadana, y así, se cercenan los derechos de la habitantes de la República a un ambiente sano y equilibrado (§ 2º L. 17.283 cit.). Por lo que se viene explicando, toda actividad con potencialidad de causar impactos ambientales significativos, y que igualmente se lleve a cabo sin la previa verificación del procedimiento de evaluación referido, es calificable como una actividad clandestina, hecha al margen del escrutinio ciudadano previsto en la Ley, ergo, ilícita. Precisamente, de lo que se trata la medida cautelar decretada en autos es de impedir tamaña ilicitud.

2.2. Y, en todo lo referido a la política nacional de aguas, la Constitución también impone el ordenamiento ambiental del territorio, la conservación y protección del medio ambiente, y ello como se verá incluye a todas aquellas actividades que tengan como objetivo a las costas del territorio oriental.

Por su parte, la Ley declara de interés general: la protección del ambiente y del paisaje (§ 1º Ley de Protección del Ambiente, 17.283, cit.), y la configuración de la estructura de la costa, entendiendo por tal a toda alteración exógena del equilibrio dinámico costero o de alguno de sus componentes o factores determinantes (§ 1º y § 26 L. 17.283 cit., § 153 C. Aguas).

Más recientemente la Ley de Principios Rectores de la Política Nacional de Aguas, reitera el deber de abstención de daños ambientales y los principios preventivo y precautorio en relación con los recursos hídricos, además de estipular como axioma el proceso democrático de la participación de los usuarios y de la sociedad civil (§ 7º, § 8º y § 18 - L. 18.610, de 2/X/2009).

Y sin olvidar que dentro del límite de las aguas territoriales, el Océano Atlántico es un bien nacional de uso público (§ 478 C.C.). También sus aguas son del dominio público (§ 15 y § 30 C. de Aguas). Lo mismo acontece con su álveo (§ 15, § 30 y § 35 C. de Aguas). Igual ocurre con sus costas, "costas del territorio oriental", o riberas, cuya línea superior será la que resulte del promedio de las máximas alturas registradas cada año durante un período no menor de veinte años (§ 478 Nº 2º C.C. y § 37 C. de Aguas). Que sean bienes nacionales de uso público significa que el uso y goce (tránsito, bebida, higiene humana, pesca deportiva, esparcimiento, etc.) del Río de la Plata, y de sus aguas, cauce, lecho o álveo, y costas o riberas, pertenece a todos los habitantes del Estado (§ 476, § 477 y § 479 C.C. y § 163 C. de Aguas). Respecto de

todos los bienes dominiales, al Estado como propietario de los mismos, se le imponen, al menos, dos gravámenes: a) no puede usar y gozar de ellos como arbitrariamente se le ocurra; y b) se le niega la facultad de impedir su disfrute generalizado; al contrario, debe velar para que ese uso colectivo se haga realmente efectivo.

Junto a todo lo que se viene indicando, la específica legislación de ordenamiento territorial, -entre otros preceptos-, edicta: que el ordenamiento territorial comprende la identificación y definición de áreas bajo régimen de administración especial de protección por su interés ecológico, paisajístico y de conservación del medio ambiente y recursos naturales, los principios rectores del acceso equitativo a un hábitat adecuado y de la prevención de los conflictos de incidencia territorial, el uso común y general de las riberas de los cursos de agua y la especial protección de las zonas costeras [§ 4º C), § 5º -apart. i) y k)-, § 6º -apart. e)-, § 50 y § 51 L. 18.308 cit.].

En ese marco de tutela territorial en función de la protección ambiental, deviene jurídicamente inadmisible la realización de actividades, como las aquí denunciadas, sin la preceptiva previa realización de un ordenamiento ambiental del territorio implicado por las afectaciones acumulativas que causan las mismas (§ 2º, § 3º, § 6º, § 27, § 47, § 50 y § 51 L. 18.308 cit.).

3. A la luz de la normativa recién descripta, cual diligencia preparatoria (§ 306 C.G.P.), se viene a impetrar se INTIME a los Ministerios de Estado y a la Intendencia Municipal referidos en el exordio de este escrito a que, en relación a las actividades proyectadas denunciadas, procedan a cumplir con la realización del procedimiento de evaluación previa de impactos ambientales y con más la realización también previa de un ordenamiento ambiental del territorio implicado, y bajo apercibimiento de la promoción en su contra de los procesos judiciales pertinentes.

3.1. Toda actuación funcional que se sumerja por debajo de los umbrales de tutela jurídica ambiental, que se ha dado la Nación, es repudiable, deviene antijurídica. Obrar en contravención de las disposiciones citadas, implica hacerlo contra normas de orden público, vale decir, reglas de Derecho intangibles para autoridades y particulares. Tal violación habilita a accionar, impetrando la re-conducción de los comportamientos antijurídicos, en razón de aquel derecho subjetivo público que permite reclamar a las autoridades públicas la correspondiente adecuación secundum ius de sus comportamientos funcionales, y además, determina inexorablemente, para el Ministerio Público y el Poder Judicial, el deber de actuar para la restauración o el restablecimiento del orden público alterado [§ 47, § 168 Nº 1º, § 24, § 82 y § 332 Const., § 11, § 1284, § 1286, § 1288, § 1560, § 1561 C.C., § 11, § 14 y § 42 C.G.P., § 1º, § 2º y § 4º L. 17.283, § 1º L. 16.466, y § 2º, § 3º y § 6º -apart. c)- L. 18.308 cit.].

"La situación de orden público y la regla de orden público se imponen sobre toda voluntad contraria: los particulares, la Administración, el juez no puede en ningún caso ir contra éstas. Es por eso que es normal, presentar la noción jurídica de orden público como factor de limitación de la autonomía de la voluntad y del poder discrecional (...) No es suficiente mantener el orden protegiéndolo contra las amenazas de perturbaciones, también es preciso esforzarse por restablecerlo y realizarlo, mediante la creación de condiciones para mantenerlo (...). La noción de orden público es siempre invocada para imponer el mantenimiento o el restablecimiento de una situación, el respeto de una regla. Aparece como un obstáculo a las modificaciones y como persiguiendo solo el mantenimiento en el estado (...) sirve para garantizar la integridad de ciertas reglas fundamentales y para proteger las bases inalterables de la vida en sociedad (...) El orden público es el

mínimo de reglas, que es preciso conservar a toda costa, bajo pena de ver que la sociedad se disgregue (...) La noción de orden público reposa sobre <<la idea de prioridad>>: el orden público permite primar el interés general sobre los intereses particulares (...) Esta noción consagra y sanciona una jerarquía de situaciones y de reglas (...) El orden público objetiva la noción de interés general, si se producen amenazas del orden público, existen medios para perseguir un fin de interés público que será el mantenimiento del orden (...)" (FERNANDEZ SBARBARO, ORFILIA - ORDEN PUBLICO Y DERECHO ADMINISTRATIVO en ANUARIO - AREA SOCIO JURIDICA, Fac. de Derecho - Orden Público - Seminario organizado por el Instituto de Historia del Derecho y Derecho Romano, FCU, págs. 55, 56, 57, 62, 63 y 76).

3.2. Con su acostumbrada brillantez-, el gran CAFFERATTA emplaza a la actuación de la Justicia Civil que aquí se pretende en su real dimensión:

"Que la prevención es función del derecho de daños, a través de la justicia civil, que extiende sus poderes de control para ejercer una efectiva suplencia, cuando la actuación de la Administración (del derecho público) se revela insuficiente para evitar perjuicios a la sociedad" (CAFFERATTA, NESTOR - EL PRINCIPIO DE PREVENCION EN EL DERECHO AMBIENTAL, en Revista de Derecho Ambiental, Lexis-Nexis, Nº 0, noviembre de 2004, Bs. As., pág. 23). "En la materia lo que se decida hoy, condiciona la suerte de las generaciones por venir. Que no tienen voz en el proceso, pero por los que debería velar necesariamente el Juez y el Ministerio Público, en defensa del orden público ambiental" (CAFFERATTA, NESTOR A. - ESTRATEGIAS EN EL DERECHO AMBIENTAL, En recuerdo del Doctor Roberto LOPEZ CABANA, JA, 2008-II, fasc. Nº 2º).

La Justicia ejercida en el caso es lo que modernamente se denomina jurisdicción de protección o de acompañamiento. La actuación judicial requerida refiere a que el Poder Judicial guíe al Poder Administrador en cuanto a cuál es el obrar conforme al Derecho establecido. Imbuidos de la significación de esta jurisdicción de protección, pueden citarse en el Uruguay, entre otros, dos notables pronunciamientos judiciales.

Por un lado, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno ha enseñado: "(...) dictar la resolución pretendida no significaría una ilegítima invasión de una esfera jurídica privativa del poder administrador ni vulneraría el principio de separación de poderes. En un Estado de Derecho está fuera de discusión que todos los órganos del Estado, como las demás personas públicas estatales, están obligados a ajustar su conducta a lo que disponen la Constitución y las leyes, del mismo modo que lo están las personas privadas. La garantía esencial que esa forma de Estado conlleva radica precisamente en la sujeción de todos los agentes estatales a las normas establecidas para regular la actuación institucional, en lo formal y en lo sustancial, y la existencia de un amplio control del poder estatal, que admite el contralor jurisdiccional de la constitucionalidad y de la legalidad de su conducta. En nuestro país, desde 1830 la Constitución de la República ha atribuido al Poder Judicial el ejercicio de la función jurisdiccional con las únicas restricciones que expresamente establece y, en ejercicio de esa atribución constitucional, los juzgados y los tribunales uruguayos resultan habilitados para ordenar a las personas públicas estatales el cumplimiento de los deberes -sean prohibiciones u obligaciones- que les haya impuesto la Constitución o, en su caso, las leyes. (...) Es que hoy es ampliamente reconocida la sujeción de los entes estatales a la Constitución y a la jurisdicción constitucionalmente conferida al Poder Judicial, lo que constituye la médula del

Estado de Derecho. (...) Entendida la Constitución como el modo de establecer los derechos y los principios básicos que legitiman un sistema institucional, estos derechos y principios obligan igualmente al legislador, al ejecutor y al juez, que viene a convertirse en el último bastión de defensa de los derechos básicos de los ciudadanos, obligado por ello a controlar las decisiones del poder político que puedan afectar aquellos derechos esenciales" (Sent. Nº 345, de 20/XII/2006, -NILZA SALVO, ALICIA CASTRO (r), EDUARDO VAZQUEZ, en autos "Fiscalía en lo Civil de 3er. Turno c/ Poder Ejecutivo- Ursea y otros - Demanda de cumplimiento de servicios públicos", ficha 2-267/2005).

Asimismo, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno ha señalado:

Que, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, la función jurisdiccional debe tomar conocimiento y decisión respecto a actos u omisiones de la Administración que pudieran ser lesivos o amenacen por ilegitimidad manifiesta derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, que ello constituye la razón de ser del medio jurídico actuado en el ámbito de la competencia natural del Poder Judicial, que constituye -sin cortapisas- la razón de principio de su propia existencia (arts. 7, 72, 332 y Sección XV de la Constitución), que es de esencia del principio de la Separación de Poderes, la función de control y que dicho control es función irrenunciable del Poder Judicial (Sent. Nº 230, de 15 de agosto de 2011, SILBERMANN, CANTERO, PEREZ MANRIQUE –r-, en autos caratulados “Fiscalía Letrada en lo Civil de 3er. Turno c/ Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y otros. PROCESO DE AMPARO” ficha 2-14240/2011).

 

Por lo expuesto, a la Sra. JUEZ PIDE:

1º) Se le tenga por presentado y con la documentación que se adjunta.

2º) Se INTIME, respectivamente, a los MINISTERIOS de VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA, de TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS y de TURISMO Y DE DEPORTE y a la INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA a que, en relación a las actividades proyectadas denunciadas al inicio del escrito, procedan a cumplir con la realización del procedimiento de evaluación previa de impactos ambientales y con más la realización también previa de un ordenamiento ambiental del territorio implicado en autos, y bajo apercibimiento de la promoción en su contra de los procesos judiciales pertinentes, cometiéndose.-

 

Fiscalía Civil 3º, 10 de abril de 2012.-

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