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El polvorín

PEÑAROL, REPRESIÓN Y METÁFORAS DE LA GUERRA DE CLASES

30 Mayo 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica


La imagen romántica de un proletariado disciplinado y con conciencia de clase, detrás de algún líder partidario o sindical leninista o bakuninista, fomentada en la literatura de izquierdas está muy lejos de la realidad de los pobres urbanos. Corresponde en todo caso a épocas de desarrollo burgués centrado en el mercado interno, a la gloria de la socialdemocracia desarrollista criolla, al batllismo y su sueño de corbatas públicas para todos. Ya entonces, atisbaba como fantasma el rancherío con sus puñaladas e incestos, y se insinuaba el caserío de latas urbano, sobreviviendo con las sobras del consumo ajeno. Excepciones que fueron creciendo hasta la normalidad de hoy, merced a la obra desestructurante de la economía y la cultura, hoy invocada como único camino y pensamiento: el "neoliberalismo", como le llamamos en la América hispanohablante, o el "corporativismo" como le llaman los teóricos del Norte. Se me dirá: "Ese no es el proletariado sino el lumpen-proletariado" o el "ejército de reserva del proeltariado", y es cierto: los radicalmente pobres e indigentes que con su existencia consagran el sometimiento obrero bajo el aspecto del terror al desempleo, tiran abajo el precio de los salarios y habilitan la vigilancia y represión estatal contra las clases dominadas, todo en un mismo movimiento. Ser "capitalistas en serio" como quieren los revolucionarios marxistas y nacionalistas arrepentidos que hoy gobiernan, implica siempre producir pobres e indigentes.

El desempleo, el subempleo y la explotación de los empleados (el 70 % de los trabajadores uruguayos gana menos de 1/3 de la canasta básica) genera una forma de vivir la ciudad que se conoce como "asentamiento" o técnicamente: "asentamiento precario": casas de lata y cartón en los casos de deterioro económico y cultural más acentuado (los "cantegriles") o casas de bloques y chapa cuando algunos ingresos son posibles (los "asentamientos" en sentido vulgar). No se trata sólo de una realidad habitacional. La relocalización de estas poblaciones en planes de vivienda uniformes que evocan lejanamente al estalinismo soviético, no solucionan su situación económica, y no modifican sus pautas culturales y configuraciones psíquicas -aunque permiten a las intendencias de izquierda mostrar parques arbolados en las entradas de las ciudades allí donde la miseria humana era visible por los turistas-. Como el plan de vivienda de los militares allá por los 1970s. Hay un tren de consecuencias sobre los carriles de la pauperización popular: las familias empobrecidas no pueden sostener vínculos de pareja y de familia, viven un conflicto vincular que se expresa en la violencia de los hombres contra las mujeres y los niños, de las mujeres contra los niños y de éstos entre sí. La rotación de parejas y la promesa renovada a través de la reproducción biológica, agravan la situación, aunque proveen un alivio temporal. Los niños mal alimentados y mal cuidados, con demasiadas horas de TV, demasiados insultos, demasiada pendulación entre sobreprotección y abandono, entre cariño corporal excesivo que dificulta la vivencia del límite corporal propio y ajeno y que habilita al abuso y en el otro extremo las palizas sin otro patrón que la descarga de frustración, no aprenden casi nada en las escuelas pauperizadas del estado, por más que les regalen computadoras personales (de pésima factura y funcionamiento, por otra parte). Porque además de una situación económica, la pobreza es una situación psíquica, que tiende a afirmarse y reproducirse cuando dura más de una generación, porque quienes vemos hoy matarse por un equipo de fútbol son la segunda y tercera generación de los desplazados por el neoliberalismo que se instaló a sangre y fuego por la dictadura militar de 1973: una vivencia del mundo marcada por la "frontalidad", por el aquí-y-ahora, por la escasa mediación moral, por el acceso directo a la violencia física sin una escalada controlable que dé oportunidades de desandar los conflictos. "¡Es ahora!" dicen los chicos más pobres cuando vislumbran la posibilidad de un robo servido por el azar, o cuando el enojo y el deseo de supremacía circunstancial sobre otros les lleva a la pelea. Así se orientan con pautas simbólicas de supervivencia en períodos de escasez: "ganarle" al otro, apropiarse de lo que es del otro y del otro mismo, pequeñas situaciones de ventaja, pequeños triunfos en unas vidas signadas por las derrotas. En este panorama, llama la atención que el vandalismo en relación con los bienes públicos no sea mayor.



Quizás la crisis del 2002 proveyó una insólita oportunidad para la formación de redes de supervivencia dignificantes entre los pobres: la irrupción de las ollas populares, los clubes de trueque, la producción de pequeñas mercancías y servicios microeconómicos, alentaron la emergencia de organizaciones de base inicialmente no controladas por los partidos de izquierda, que rápidamente se entrelazaron en coordinaciones potencialmente capaces de promover cambios sociales favorables a estos sectores de la población. Sin embargo tres circunstancias echaron por tierra esta posibilidad: la introducción de la pasta base de cocaína, el salario social del gobierno de izquierda y la preeminencia de la pauta batllista o socialdemócrata de asistencia estatal.

La pasta base de cocaína, droga excitante cuyo efecto estimulante y antidepresivo dura escasos minutos en que el consumidor supera en parte su sensación de impotencia existencial y luego da lugar a un "bajón" anímico que a su vez provoca deseos de consumo de nuevas dosis, posee para "enganchar" a los pobres otro mecanismo igualmente efectivo además de este esquemáticamente descrito: se trata de una actividad económica lucrativa. Para las familias enteras que se ocupan de su distribución, implica un aumento significativo de ingresos, incomparablemente superior a corto plazo que lo que podía proveer la "economía solidaria" mencionada recién. Escucho una sonrisa neoclásica: los agentes económicos se movieron para maximizar sus ganancias inmediatas, y no detrás de un ideal de sociedad igualitaria. ¿Habrá faltado un discurso revolucionario nuevo, o una ideología revolucionaria como querrían los idealistas de la izquierda radical? ¡Seguramente tengan razón éstos y aquellos en cada punto! Y apenas mencionemos algo crucial: la economía ilegal, a diferencia de la economía alternativa (o modo de producción secundario) habilita la estigmatización social y la represión contra los pobres, el tendido de redes de vigilancia y la inscripción de estas poblaciones, sobre todo varones jóvenes -aunque cada vez más mujeres jóvenes- en el circuito judicial-carcelario que eficazmente termina de sepultar en la pobreza a familias enteras.

Pero también hizo lo suyo el "Plan de Emergencia" del gobierno de izquierda anterior, que si bien tenía iniciativas loables destinadas a la promoción de proyectos cooperativos y a la enseñanza de habilidades laborales, su centro indiscutible fue el "salario social": una limosna muy por debajo de los niveles necesarios para satisfacer las necesidades básicas, que fue recibida como un elixir por los pobres en situación desesperante. Siguiendo la línea neoconservadora norteamericana, hoy también hegemónica en la política social europea y latinoamericana, se dio "ayuda social" a cambio de control de la población pobre: medicalización, matriculación de los niños y adolescentes en el sistema escolar público, registro universal ante la policía. Una ayuda como caballo de Troya, que permitió al gobierno y la red de ONGs por él financiadas atisbar dentro de la casa de los pobres, identificarlos, numerarlos, trazar estadísticas y perfeccionar los sistemas de intervención sobre ellos.

Pero el legado más negativo del Plan de Emergencia ha sido la reafirmación de los valores asistencialistas del viejo batllismo -la versión uruguaya de la socialdemocracia del siglo XX en la era desarrollista de la sustitución de importaciones y el desarrollo endógeno-. Con ellos, la infantilización de la población, sobre todo de la población pobre, inmovilizada, desorganizada, adiestrada para la solicitud de "beneficios" estatales. Y si esto no fuera suficiente, el estado desplegó por el territorio una red de servicios tercerizados de apoyo a los emprendimientos culturales y productivos cooperativos y familiares, tanto urbanos como rurales, con una consigna: implantar el rol estatal de los ministerios como "garantes de derechos", lo que traducido significa someter los proyectos sociales autónomos a la lógica de la financiación y el control estatal. No tan diferente en su funcionamiento aunque muy superior en su refinamiento técnico (allí estamos trabajando los sociólogos y trabajadores sociales) a los caudillos locales blancos del interior, que apenas perciben el crecimiento político y organizativo de una comisión de vecinos, se apuran en satisfacer su demanda explícita funcionando como contacto con algún caudillo mayor -a la sazón diputado o intendente o ministro-, codificando la movilización popular como solicitud de asistencia estatal y partidaria, en lugar de movimiento autónomo capaz de auto-satisfacer las necesidades o por lo menos auto-gestionar la ayuda estatal. Aquí reside también un error garrafal de la izquierda radical, de los asambleístas populares y los sectores más atomizados de esa izquierda: pretender organizar a los pobres desempleados y a los obreros para reclamar por sus derechos ante el estado, en lugar de organizarlos para la autonomía y la independencia relativa frente al poder -digo esto más allá de la conveniencia o no de acceder al gobierno-. La única "educación popular" posible, decía Marx en su crítica al programa socialdemócrata de Gotha, es la educación en manos de las organizaciones obreras, y no de la red escolar estatal que ya se desplegaba para civilizar en los valores burgueses al pobrerío germano.

Entonces emerge en el discurso público (no en la existencia material, que es previa) un nuevo enemigo: la hinchada de Peñarol. Mayormente integrada por hombres jóvenes y pobres. Mayormente localizada en asentamientos y barrios pobres. Estas características comunes hace que la diversidad humana real de ese grupo se reduzca abruptamente a un único sujeto colectivo: los violentos, los inadaptados. Actos aberrantes como el asesinato de hinchas de equipos rivales facilitan la estigmatización. Un chivo expiatorio fácil, desde el punto de vista político. De algún modo puede pensarse que el control violento del territorio que promueven, dentro de la hinchada de un cuadro, los “barras bravas” es una extensión del aprendizaje de la carrera moral carcelaria: un despliegue de poder vulgar basado en la fuerza física, “hacerse respetar” mediante los puños, enarbolar una masculinidad aplastada por el sistema económico, condenada por el sistema educativo, despreciada por los buenos ciudadanos. Identificarse con un cuadro de fútbol y su mito, enfrentarse a la policía y repetir la anécdota del partido y de la pelea durante días y semanas, parece ser una narrativa capaz de dotar de un sentido épico a las existencias menos gloriosas. La barra brava montevideana, como organización espontánea se orienta por patrones culturales del pobrerío pauperizado: la jerga “plancha”, pero también su entonación y sus metáforas.

El dispositivo de represión policial funciona políticamente por una intensificación: anunciar la peligrosidad del difuso enemigo interno, prever su desempeño dentro y fuera del estadio, diseñar la golpiza estatal. El relato de los medios de comunicación, en manos de pseudo-periodistas que sólo repiten partes policiales, versiones de los gobernantes y lo que les dicta su sentido común, sin ningún interés intelectual de análisis o duda aunque sea asistemática y ocasional, se encarga de difundir el miedo que justificará la brutaliad estatal. Se llega al extremo de negar lo que están mostrando las cámaras, cuando se ve el carácter generalizado de la represión. Y es que el discurso de la seguridad, que junto con el discurso neoliberal se agencia para controlar a la población toda, pre-existe y sobrepasa a los hechos materiales -cualquiera sea su posible o imposible definición-.

Detengámonos en un momento del registro de lo acontecido luego del triunfo de Peñarol, luego de 6 ó 7 años de derrotas deportivas en el campeonato de fútbol uruguayo. El paso de la hinchada por la calle principal de Montevideo se acompaña de destrozos de bienes públicos: alguna vidriera, algunos carteles de las paradas de ómnibus, kioskos; sin embargo un análisis de intención objetiva mostraría que el 90 % de los hinchas expresa su felicidad cantando y bailando en medio de la calle. La represión policial que se desata en la Plaza Libertad -¡vaya paradoja!- no apunta a los responsables de los destrozos sino a la masa. Y esto es una metáfora y así debe ser leída: la represión policial y más en general el control económico, cultural, biológico y en definitiva político se cierne sobre la población toda. El discurso de la seguridad fragmenta el campo popular -entendido en este texto como las clases dominadas, las que producen la riqueza con su trabajo y las que sufren el desempleo- en tres: trabajadores, desempleados y policías. El combate mutuo de estos términos asegura los brindis de los flamantes gobernantes de izquierda y los anquilosados ex-gobernantes de derecha en los encuentros con los grandes empresarios para los cuales trabajan tan dedicadamente. Volvamos al hecho concreto y superpongamos otras metáforas esta vez verbales: dice el presidente de la república que cuando hay represión policial siempre algún inocente “se come un garrotazo de garrón” y pide disculpas; dice el ministro interino que la intervención policial fue ejemplar porque sólo reprimió a los hinchas violentos (las cámaras de TV mostraban hinchas violentos pero también otros pacíficos que eran con igual violencia golpeados en el suelo por la policía) y que en estas situaciones si hay algún abuso policial debe ser probado. Las víctimas deben cargar con toda la prueba. Cuando un corajoso periodista le dice que hay testimonios de mujeres golpeadas por la policía, el ministro (ex-guerrillero de los 1960s) intenta atenuar la responsabilidad estatal en la violencia diciendo que se les había indicado que desalojaran el lugar y no lo hicieron. Estas metáforas de guerra son similares -aunque los objetos reales menos mortíferos- a otras: las “víctimas colaterales” de las invasiones colonialistas estadounidenses y europeas en Medio Oriente (más de 1.000.000 en Irak, según ONGs independientes), la justificación israelí para la matanza de palestinos en la ciudad de Gaza: se les ordenó evacuar y no lo hicieron (al mismo tiempo se les impidió vías de salida de la ciudad), por lo tanto se los consideró combatientes. Volvamos a la represión de la hinchada de Peñarol y lleguemos a una última metáfora: la policía atacó con violencia a una asamblea al aire libre -en el callejón universitario- de la Asociación de Estudiantes de Enseñanza Media. Entonces, señores, el objetivo real de la operación represiva no eran los violentos, sino los pobres, los jóvenes. Los cuerpos apaleados son metáfora de un cuerpo social que a pesar de estar fragmentado, seducido por el modo de vida consumista, mayormente votante e incondicional del partido político que ordenó la paliza, sin ideologías revolucionarias, de resistencia o de cambio gradual contrario al sentido de la acción gubernamental, sigue siendo funcionalmente útil en su papel de regulador a la baja del salario y como excusa para la construcción de un enemigo interno.

La guerra de clases no requiere de un campo popular organizado de modo unificado o fragmentado. Es suficiente con una parte empresarial enriquecida y temerosa de disminuir sus tasas marginales de crecimiento del capital, un gobierno operador de estas clases, y unos medios masivos de difusión del miedo. Los ciudadanos bienpensantes, que vieron el espectáculo por TV pueden creer que estaban siendo protegidos, pero en realidad, de modo indirecto, las clases medias bajas y medias son también el blanco del ataque estatal, que con fuerza abrumadora y medida envía un mensaje de supremacía y alistamiento para defender los privilegios de las clases dominantes. Estas clases y las clases trabajadoras, pueden rendirse una y mil veces, pero no por ello dejarán de ser el objeto de la mano izquierda (las políticas públicas focalizadas) y la mano derecha (represión directa) del estado, cuya finalidad es disciplinar a la población en el marco político del neoliberalismo -una doctrina económica y un programa político para la explotación de las personas y el medio ambiente- y en el marco de sentido del discurso de la (in)seguridad pública, la nueva presentación legitimadora de la arista más violenta de la guerra de las clases dominantes y el estado por el control de los recursos de la sociedad y por el dominio de la sociedad misma.

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