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Fiscalía de Chile instaló Central de espionaje telefónico para ''casos complejos''
El sistema telefónico que puede captar llamadas efectuadas desde líneas fijas o teléfonos celulares, cumplirá con tratar "casos complejos" de corrupción, narcotráfico o donde estén involucrados funcionarios policiales que puedan entorpecer diligencias. Es operado por un pequeño grupo de funcionarios de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco), a cargo de asesorar a los fiscales en investigaciones de alta complejidad.
El fiscal nacional de Chile, Sabas Chahuán, planteó el año pasado implementar el sistema CIT en el Ministerio Público. (Foto: Archivo)
La Fiscalía Nacional de Chile, instauró desde el pasado mes de febrero la primera central autónoma de intervención telefónica con la que podrá hacer seguimiento a casos de corrupción, narcotráfico o cuando se trate de funcionarios policiales involucrados en situaciones comprometedoras.
Con esa Central de Interceptaciones Telefónicas (CIT), las oficinas de la Fiscalía ya no dependerán de Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile para cumplir con interceptar aquellas llamadas de acusados previa autorización judicial.
Hasta la fecha, la policía de ese país era el único cuerpo de seguridad encargado de procesar las solicitudes para intervenir a los fiscales del Ministerio Público.
En la actualidad, un pequeño grupo de trabajadores de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económico y Crimen Organizado (Ulddeco), son los responsables de operar el sistema centralizado de llamadas.
Asimismo, funcionarios policiales continuarán con el trabajo de la central en colaboración para dar cumplimiento a esta nueva acción puesta en marcha desde febrero pasado, y que será empleado cada vez que un fiscal regional lo considere necesario.
En Chile, unas 20 mil intercepciones telefónicas son efectuadas por cada una de las diferentes fiscalías existentes, donde un juez de garantía autoriza la acción y establece un lapso de vigencia del permiso.
El procedimiento se cumple cuando un fiscal solicita una autorización judicial para interceptar un número telefónico del que se tiene la certeza que pueda ser empleado para un lícito o pueda ofrecer información de primea mano.
El permiso, que puede tener una vigencia de 15 ó 90 días se entrega a la compañía de teléfonos para que derive la línea a las centrales de las policías y el Ministerio Público, donde se hace la grabación. Las conversaciones entre abogados e imputados escapan a esta medida intrusiva.
A finales de 2008 nació la idea de crear un mecanismo independiente de intervenciones telefónicas, cuando se llevó a cabo la destrucción de varias grabaciones realizadas por el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, quien era investigado por supuestas acciones ilícitas.
El entonces subprefecto de la PDI, Jorge Donoso, quemó el material de dos meses de grabaciones que la Fiscalía Centro Norte de Chile había ordenado, causando conmoción entre los investigadores del Ministerio Público.
En 2009 pasado, el fiscal nacional, Sebas Chahuán, propuso la adquisición de una central autónoma de intervención telefónica para ese organismo público.
Con esa Central de Interceptaciones Telefónicas (CIT), las oficinas de la Fiscalía ya no dependerán de Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile para cumplir con interceptar aquellas llamadas de acusados previa autorización judicial.
Hasta la fecha, la policía de ese país era el único cuerpo de seguridad encargado de procesar las solicitudes para intervenir a los fiscales del Ministerio Público.
En la actualidad, un pequeño grupo de trabajadores de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económico y Crimen Organizado (Ulddeco), son los responsables de operar el sistema centralizado de llamadas.
Asimismo, funcionarios policiales continuarán con el trabajo de la central en colaboración para dar cumplimiento a esta nueva acción puesta en marcha desde febrero pasado, y que será empleado cada vez que un fiscal regional lo considere necesario.
En Chile, unas 20 mil intercepciones telefónicas son efectuadas por cada una de las diferentes fiscalías existentes, donde un juez de garantía autoriza la acción y establece un lapso de vigencia del permiso.
El procedimiento se cumple cuando un fiscal solicita una autorización judicial para interceptar un número telefónico del que se tiene la certeza que pueda ser empleado para un lícito o pueda ofrecer información de primea mano.
El permiso, que puede tener una vigencia de 15 ó 90 días se entrega a la compañía de teléfonos para que derive la línea a las centrales de las policías y el Ministerio Público, donde se hace la grabación. Las conversaciones entre abogados e imputados escapan a esta medida intrusiva.
A finales de 2008 nació la idea de crear un mecanismo independiente de intervenciones telefónicas, cuando se llevó a cabo la destrucción de varias grabaciones realizadas por el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, quien era investigado por supuestas acciones ilícitas.
El entonces subprefecto de la PDI, Jorge Donoso, quemó el material de dos meses de grabaciones que la Fiscalía Centro Norte de Chile había ordenado, causando conmoción entre los investigadores del Ministerio Público.
En 2009 pasado, el fiscal nacional, Sebas Chahuán, propuso la adquisición de una central autónoma de intervención telefónica para ese organismo público.
teleSUR - La Tercera / dg - FC
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