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Mexico: El Estado viola derechos humanos en Mitzitón
Aprovecha conflictos para imponer
autopistas, documenta
El Estado viola derechos humanos en Mitzitón:
Centro Fray Bartolomé
En imagen de archivo, bases de apoyo del EZLN custodian un campamento en Huitepec, Chiapas
Foto Moysés Zúñiga Santiago
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 13 de marzo de 2010
San Cristóbal de las Casas, Chis.
H
ERMANN BELLINGHAUSEN
habitantes de Mitzitón adherentes a la Otra Campaña”.
El origen del reciente “conflicto” puede fecharse el 2 de febrero, cuando
Ciliano Pérez Díaz, designado por la asamblea, se presentó en el ayuntamiento
de esta ciudad para registrarse como agente rural. Allí se enteró de que el
alcalde Mariano Díaz Ochoa había otorgado reconocimiento oficial a Celestino
Pérez Hernández, nombrado por los no cooperantes fuera de la asamblea, la cual
decidió detener por 24 horas a Francisco Gómez Díaz, por robar el sello del
agente rural y promover el nombramiento de uno fuera de la asamblea. La
detención fue realizada el día 4. El día siguiente los ejidatarios liberaron a
Francisco, después de sancionarlo con la reparación de daños de cuatro
bicicletas que destruyeron los no cooperantes, y le pidieron dejar de actuar
contra los acuerdos comunitarios. Exigieron también a Díaz Ochoa cancelar el
nombramiento ilegal de Pérez Hernández, y así ocurrió.
Según testimonios de la comunidad, Francisco promueve la autopista
“porque pasaría por sus tierras y piensa beneficiarse con la venta de tierra
ejidal”. Su grupo “busca la representación de agente municipal y el sello” para
firmar los documentos que requieran el ayuntamiento, la constructora privada y
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
Funcionarios municipales han ofrecido láminas, piso firme, revestimiento,
banquetas, calles, tinacos, la instalación de una fabrica enlatadora y un rastro,
con tal de que “pasen” las dos autopistas, que los ejidatarios rechazan.
En tal situación, se generaron hechos violentos el 27 de febrero, “cuando
Andrés Jiménez Hernández, de los no cooperantes, taló cinco árboles sin
permiso de la autoridad comunitaria”. Según acuerdo de la asamblea, “la
infracción prevé una multa para evitar la tala y proteger el bosque comunitario”.
El día 28 la asamblea determinó decomisar la madera. En vez de acudir a las
autoridades, el infractor acudió “a su grupo”. Integrantes del Ejército de Dios se
organizaron para una agresión, que dejaría un muerto del grupo agresor y
numerosos heridos de ambas partes.
El CDHFBC sostiene que “la estrategia militar de contrainsurgencia contra
los pueblos indígenas” pretende imponer “la explotación extensiva de sus
recursos naturales”, y concluye que la “guerra integral de desgaste” es para
generar conflictos en las comunidades. “El Estado mexicano ha realizado
reformas legislativas para que las empresas puedan tener acceso a los recursos”,
endureciendo la legislación penal “para desactivar cualquier disidencia”. No
obstante, los pueblos “se organizan, movilizan y ejercen sus derechos,
convirtiéndose en objetivo militar”. Es el caso de Mitzitón, donde el Estado
“impone proyectos e interfiere con el derecho a la autonomía y libre
determinación”. En cambio, “nunca intervino” para impedir las acciones del
Ejército de Dios, “lo cual incrementó la tensión en la zona”.
12 de marzo. El Estado mexicano es responsablede violación de los derechos humanos en la comunidad tzotzil de Mitzitón –
donde al concluir febrero se suscitaron hechos violentos por un presunto
conflicto religioso–, documenta un informe del Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) divulgado hoy. “El conflicto latente es
promovido desde el exterior, con la intención de dividir a la comunidad”,
sostiene.
Años atrás se le despojó de parte de su territorio, al ampliar el cuartel de la
31 Zona Militar, expone el CDHFBC. Ahora, “la conflictividad se aprovecha
para imponer la autopista San Cristóbal-Palenque y la ampliación de la carretera
a Comitán”, ambas parte del Proyecto Mesoamérica.
En este contexto, añade el informe, “aparece el grupo de choque Ejército de
Dios, que junto con un grupo de tradicionalistas desconoce los acuerdos
comunitarios, y son identificados como no cooperantes”. Además de negarse a
los acuerdos de la asamblea ejidal, “agreden, amenazan y hostigan a los
habitantes de Mitzitón adherentes a la Otra Campaña”.
El origen del reciente “conflicto” puede fecharse el 2 de febrero, cuando
Ciliano Pérez Díaz, designado por la asamblea, se presentó en el ayuntamiento
de esta ciudad para registrarse como agente rural. Allí se enteró de que el
alcalde Mariano Díaz Ochoa había otorgado reconocimiento oficial a Celestino
Pérez Hernández, nombrado por los no cooperantes fuera de la asamblea, la cual
decidió detener por 24 horas a Francisco Gómez Díaz, por robar el sello del
agente rural y promover el nombramiento de uno fuera de la asamblea. La
detención fue realizada el día 4. El día siguiente los ejidatarios liberaron a
Francisco, después de sancionarlo con la reparación de daños de cuatro
bicicletas que destruyeron los no cooperantes, y le pidieron dejar de actuar
contra los acuerdos comunitarios. Exigieron también a Díaz Ochoa cancelar el
nombramiento ilegal de Pérez Hernández, y así ocurrió.
Según testimonios de la comunidad, Francisco promueve la autopista
“porque pasaría por sus tierras y piensa beneficiarse con la venta de tierra
ejidal”. Su grupo “busca la representación de agente municipal y el sello” para
firmar los documentos que requieran el ayuntamiento, la constructora privada y
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
Funcionarios municipales han ofrecido láminas, piso firme, revestimiento,
banquetas, calles, tinacos, la instalación de una fabrica enlatadora y un rastro,
con tal de que “pasen” las dos autopistas, que los ejidatarios rechazan.
En tal situación, se generaron hechos violentos el 27 de febrero, “cuando
Andrés Jiménez Hernández, de los no cooperantes, taló cinco árboles sin
permiso de la autoridad comunitaria”. Según acuerdo de la asamblea, “la
infracción prevé una multa para evitar la tala y proteger el bosque comunitario”.
El día 28 la asamblea determinó decomisar la madera. En vez de acudir a las
autoridades, el infractor acudió “a su grupo”. Integrantes del Ejército de Dios se
organizaron para una agresión, que dejaría un muerto del grupo agresor y
numerosos heridos de ambas partes.
El CDHFBC sostiene que “la estrategia militar de contrainsurgencia contra
los pueblos indígenas” pretende imponer “la explotación extensiva de sus
recursos naturales”, y concluye que la “guerra integral de desgaste” es para
generar conflictos en las comunidades. “El Estado mexicano ha realizado
reformas legislativas para que las empresas puedan tener acceso a los recursos”,
endureciendo la legislación penal “para desactivar cualquier disidencia”. No
obstante, los pueblos “se organizan, movilizan y ejercen sus derechos,
convirtiéndose en objetivo militar”. Es el caso de Mitzitón, donde el Estado
“impone proyectos e interfiere con el derecho a la autonomía y libre
determinación”. En cambio, “nunca intervino” para impedir las acciones del
Ejército de Dios, “lo cual incrementó la tensión en la zona”.
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