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El polvorín

La lucha por el agua en Chile es también la lucha contra la venta del país

28 Abril 2013 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

chile lucha por el agua1

Cada gota de agua es un negocio en Chile.Hace 32 años, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se inició un proceso de venta de pequeños porcentajes de sanitarias a las grandes empresas transnacionales que hoy, con el impulso que le dieron los siguientes gobiernos, son las dueñas del agua en Chile. Esta semana, la sociedad civil salió a la calle en una movilización transversal. Este es un análisis de fondo de la privatización del agua en Chile.

“¡El agua-es nuestra, por-eso-es-la-protesta!”, “¡El agua no se vende, se defiende”, vociferaban el lunes pasado (22 de abril) cientos de voces, muchas personas disfrazadas, con bailes y pancartas, consignas en contra de las autoridades de la derecha política -que gobernó en dictadura y estos últimos tres años- y de la Concertación -que gobernó los 20 años intermedios-.
De lado y lado son considerados responsables de que un bien nacional de uso y dominio público se haya transformado en una mercancía para hacer negocio. Era la primera marcha carnaval por el agua que llegaba a la capital.

Acceder al agua y a su saneamiento no está garantizado en Chile como un derecho fundamental del ser humano -aunque sí para las empresas- pese a que así quedó establecido en la Asamblea General de Naciones Unidas del 28 de julio de 2010. Las grandes transnacionales se han encargado de extraer recursos naturales utilizando cantidades ingentes de agua, limitando de esta manera su uso en la pequeña agricultura y para el consumo humano.

Tras la llegada del nuevo Presidente de la República, Sebastián Piñera, en 2010, el agua quedó totalmente en manos de privados. Se vendió la participación accionaria que el Estado poseía en las cuatro mayores empresas sanitarias del país: Aguas Andinas (35%), de la empresa española Grupo Agbar; Empresa Sanitaria de Valparaíso, Esval (29%), del Grupo Hurtado Vicuña/Fernández León; Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, Essal (45%), de propiedad mayoritaria de la transnacional Suez-Agbar; y la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío, Essbio (43%), del fondo argentino Southern Cross.

Agua para la mina, no para la gente

Desde la Región de Valparaíso hacia el norte de Chile, se vive una crisis estructural de falta de agua, que no obedece sólo a sequías ocasionales, según lo estableció el ministerio de Obras Públicas (MOP) en abril de este año. El impacto en la agricultura y la ganadería en regiones como Valparaíso y Coquimbo –siendo este último el caso más dramático, con un déficit del 87%–, evidencian la necesidad de una solución urgente.

La Red Ambiental Norte (RAN), conformada por organizaciones ecologistas, ciudadanas y socioambientales del norte del país, se reunió en agosto de 2012 para compartir experiencias y hacer frente a los grandes proyectos mineros y termoeléctricos instalados en la zona, los que consideran causantes de la creciente agudización del estrés hídrico y la destrucción de las cuencas, debido a su inmensa demanda por el recurso vital para su funcionamiento.

Alfonso Ossandón, vocero de RAN, representante de Coquimbo y La Serena, denuncia que el impacto de la mega minería en las comunidades agrícolas y en las urbes de mediana dimensión como Andacoyo, Vicuña, Choapa, Caimanes, son de carácter grave.

Caso emblemático es este último pueblo, ubicado al interior del Valle de lo que fue el ya seco río Pupío, que desemboca en la playa de Los Vilos, (Región de Coquimbo). Los habitantes de Caimanes han debido soportar los desechos tóxicos y relaves mineros de minera Los Pelambres, que son lanzados al agua a 10 kilómetros de la localidad, afectando la calidad de vida de niños y adultos.

La minera, perteneciente a Antofagasta Minerals, es propiedad de la familia Luksic, la más rica y una de las más poderosas de Chile, que da el nombre al Grupo Luksic, holding económico con negocios en diversos rubros.

“El Estado ha sido indolente y ha hecho la vista gorda con nosotros. Tanto la Policía de Investigaciones (PDI) como el Colegio Médico han determinado que esas aguas no son bebibles ni para personas ni para animales”, asegura Ossandón. Los estudios acreditan que hay plomo, mercurio, cadmio, hierro y manganeso, en el agua que se distribuye en Caimanes. Y lo propio sucede con el agua para regadío.

Según un informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), al menos nueve localidades chilenas no cumplen con la norma nacional de calidad de agua potable, y tres de ellas -Arica, Pozo Almonte y Valle Grande- tienen altos niveles de arsénico, que superan los 0,01 mg. por litro, pudiendo provocar, según los expertos, desde intoxicaciones agudas hasta abortos, si se consume en pequeñas dosis.

Los Luksic, también propietarios de la empresa Aguas Antofagasta, le vendió 550 litros por segundo de agua cruda del río Loa a la minera Doña Inés de Collahuasí –propiedad de las transnacionales Anglo American y Xstrata Copper– con el fin de alimentar sus faenas mineras al interior de Pica, en la Región de Tarapacá. Esto explica, según la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, el enorme gasto de agua que las sanitarias generan al usar y ceder el recurso a la minería.

En el Sur, la agricultura y la energía en pugna

Desde el Sur los problemas no son menores, los proyectos chile defensa del aguahidroeléctricos, que transmiten la energía a las mineras del Norte, han sido símbolo de desarrollo, por un lado, y de destrucción y debacle ambienta por el otro.

Hace unos meses, la Justicia determinó que el megaproyecto HidroAysén, de la española Endesa, debía paralizarse, porque a pesar de que se habían otorgado los permisos debido a “la débil legislación medioambiental que ostenta Chile”, según sostienen varias de las organizaciones medioambientalistas, la fuerte oposición ciudadana, con manifestaciones masivas y recursos legales, lograron que se revisara y prohibiera su construcción, que implica la inundación de zonas protegidas de la Patagonia, con el consecuente e irreversible impacto ambiental.

El proyecto contempla la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, tres en el río Baker y dos en el río Pascua. Además de un corredor para la transmisión de la energía, que generaría una cicatriz de Sur a Norte, en la geografía nacional. Directamente se afectarían 5.910 hectáreas, el 10,05% de la Región de Aysén.

La empresa ha informado que “el trazado de la línea nace en la comuna de Cochrane, donde recibirá la energía de las centrales hidroeléctricas del proyecto HidroAysén, en la Subestación Convertidora Sur, la que luego conduce a través de un tendido aéreo de 660 kilómetros y 160 kilómetros de línea submarina con el propósito de reforzar el Sistema Interconectado Central con energía limpia, segura, estable y chilena”. Energía eléctrica que en su mayoría también se destinaría a las mineras.

Las forestales aportan lo propio en la concentración de los derechos de uso del agua. Teresa Nahuelpán, vocera de la zona sur en la marcha – carnaval por el agua, presidenta del Comité de Defensa del Mar, de Mehuín, explica que la contaminación que generan las plantaciones forestales, que luego dan en las plantas de celulosa, ya no se aguanta en los territorios que por siglos habitó el pueblo Mapuche, ya que afecta su forma de vida y subsistencia.
Los monocultivos de pino y eucapilptus en el sur, propiedad de las forestales nacionales Mininco y Arauco (de las familias Angelini y Matte), en sociedad con Stora- Enzo, de capitales suecos y finlandeses, además de agudizar el conflicto territorial en zona  mapuche, también han generado impactos ambientales que agreden sistemas de vida milenarios.

Las personas frente a lo lógica del mercado

El vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, de la Provincia de Petorca, asegura que muchos y muchas de quienes asistieron a la marcha del lunes 22 de abril, marcaron el inicio de una nueva etapa en la defensa por el recurso hídrico, porque “en Chile, los bienes sociales y los bienes naturales que fueron usurpados durante la dictadura, y la privatización que se perfeccionó durante los gobierno de la Concertación, no es posible que se sostenga”.

Mundaca insiste en que las personas que sufren de la escasez y la contaminación de las aguas “es gente sencilla, que vive en comunidades aisladas, gente que no tiene agua para bebida, que no tiene agua para defecar, que está conculcada a un derecho humano esencial, que es el acceso al agua”.

“Es una vergüenza que en Chile el agua sea un bien de capital, y como es una vergüenza nosotros nos vamos a oponer y no vamos a permitir que siga sucediendo”, indica el representante de Modatima.

Y no solo las empresas extranjeras, sino que se impone la lógica del mercado, sin considerar a las comunidades, como explica Sergio Romero, vocero coordinador de la Coordinadora Ambiental de Melipilla (Región Metropolitana), asevera que desde hace quince años, cuando se instala en su provincia la empresa Agrosuper (misma empresa criadora de cerdos, pollos, pavos y faenadota de cecinas que ha generado un conflicto con la comunidad de Freirina en el norte.

Esa empresa “ha ido concentrando los derechos de aprovechamiento de agua y hoy día el Acuífero El Yali en un 78% es su propiedad y de Agroreservas de Chile”, para una comuna de 8 mil 500 habitantes, quienes han sido empujadas a dejar sus actividades económicas tradicionales.

Para los habitantes de la zona escasea el agua para beber, y los pequeños agricultores no tienen agua para regar. Como es el caso de muchos de los frutilleros (cultivadores de fresas), qiuenes han ido dejando de lado su actividad. Romero acusa que el 5 de abril pasado el agricultor Erasmo Muñoz Catalán se habría suicidado, acosado por las deudas, a las que ya no pudo responder

Un poco de historia

desierto y vaso de aguaEn 1981, bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, el Código de Aguas transformó al recurso vital en propiedad privada de forma gratuita y a perpetuidad, permitiendo que las empresas puedan comprar, vender y arrendar derechos de aprovechamiento de aguas sin considerar sus propiedades de uso. Ahí radica la génesis de la privatización.

Más tarde, durante los gobiernos de la Concertación, se perfeccionó la privatización de las aguas, como señala Rodrigo Mundaca. Bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se inició la venta y entrega de concesiones a privados de las empresas de agua potable.

Aguas Andinas, de propiedad del grupo español Agbar (Aguas de Barcelona), por ejemplo, es la responsable del suministro de agua de proyectos hidroeléctricos como Alto Maipo, en sociedad con la transnacional AES-Gener, controlada en Chile por el grupo Matte –otra de las cinco familias económicamente más poderosas del país-.

El actual ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera (primo del Presidente de la República), es accionista de Aguas Andinas, responsable de una crisis de corte de aguas en el verano en la Región Metropolitana. He ahí un ejemplo de lo que los representantes de los movimientos ciudadanos han denunciado como parte de los conflictos de interés frente a las privatizadas aguas de Chile.

Durante el actual Gobierno, en menos de dos años, se terminó de ceder la participación fiscal en las sanitarias a los intereses privados. Actualmente, los derechos de aprovechamiento de aguas se encuentran fundamentalmente en manos de empresas mineras y agroexportadoras, y más de un 80% en manos de transnacionales como la ya mencionada Endesa.

“El nivel de apropiación corporativa de las aguas en Chile fue salvaje y no lo puedes ver en casi ningún otro lugar del mundo”, afirma Juan Pablo Orrego, presidente de la Organización No Gubernamental (ONG) Ecosistemas, una de las más visibles en la lucha en contra de HidroAysén, y de de la campaña “Patagonia sin Represas”.

La marcha carnaval por el agua

Las demandas de las distintas organizaciones sociales que se unieron en la Marcha Carnaval por el Agua, coinciden en su diagnóstico: es necesario una reestructuración de las políticas públicas sobre la gestión de las aguas en Chile. Y para ello es imprescindible concretar un cambio de modelo que permita una distribución justa de los recursos hídricos del país.

Ya no son sólo las comunidades las que reclaman. Desde los estudiantes, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Diego Vela, también vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), asegura que el tema del agua tiene un patrón común a la educación: “Nuestras necesidades son la oportunidad de abuso de algunos y nuestros derechos son un negociado para sectores empresariales: en muchas regiones se prioriza la empresa privada antes de las necesidades de cualquier comunidad local”.

Y, efectivamente, los efectos que ha generado el uso -y abuso- desregulado del agua por parte de las grandes empresas, ya están a la vista, señala el representante estudiantil.

Otro de los orígenes se encuentra en el Tratado Binacional Minero, suscrito en 1997 –durante el gobierno concertacionista de Eduardo Frei- y ratificado en 2001 –durante el gobierno también concertacionista de Ricardo Lagos-, cuando se entregan las nacientes de todas las cuencas, donde se encuentran los ecosistemas glaciares, a las transnacionales mineras.

Entre enero y febrero de 2012 –ya en el gobierno de derecha de Sebastián Piñera-, cerca de 46 mil personas de zonas rurales fueron afectadas por falta de agua y serios trastornos a su agricultura de subsistencia.

La presidenta de la Federación Nacional del Agua Potable Rural de Chile, Juana Beltrán, señala que la sequía crece cada día más en el norte del país, afectando enormemente a los sectores rurales. “Le sacaron toda el agua a las cuencas para las mineras y se olvidaron de los seres humanos”, dice, molesta. Lo que ha sido riqueza para unos pocos, afectan a las personas sencillas, que durante años no encontraron eco para sus demandas.

En esa línea, complementa Rodrigo Mundaca, es que “en este país aparentemente son mucho más importantes los emprendimientos económicos que el legítimo derecho que tenemos los hombres y las mujeres de acceder al agua”.

A los políticos: es hora de responder

La Marcha – Carnaval por la Recuperación y Defensa del Agua terminó con la entrega de una carta dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la que manifiestan la situación hídrica de sus comunidades y exigen a las autoridades “el derecho de los pueblos de determinar los modos de vivir que desean”, por lo que “se hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de desarrollo minero, forestal energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestro territorios”, señala el documento.

El dirigente sindical comunista, Cristian Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), y recientemente proclamado candidato al Congreso para las elecciones de noviembre próximo, enfatizó en que hay que hacer de esta demanda social una demanda política, con el objetivo de realizar un proyecto de transformación del modelo en el que, entre otras cosas, se retorne el agua a manos del Estado.

Asimismo, la ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FeCh), Camila Vallejo, también candidata a diputada por el PC, sostuvo que se está trabajando en la creación de un movimiento social transversal “que permita hacer que Chile se recupere de los daños que le causó la dictadura en cuanto al modelo neoliberal”.
La marcha marca un antes y un después en el tono de la discusión acerca de la privatización del agua en Chile y la protección de los recursos naturales. Las comunidades se han articulado desde el norte al sur del país, y ya son muchas las organizaciones que consideran una prioridad recuperar los recursos naturales para el aprovechamiento de las personas y no se priorice por el lucro de las empresas.

El vocero de Caimanes, Cristian Flores, señala que su “mensaje a la clase política es que ellos también son parte de la problemática, porque son ellos los que permiten y permean el Estado de Derecho en el país, para que estas grandes empresas transnacionales tengan ‘chipe libre’ para poder hacer abuso en contra de las comunidades y directamente sobre la vida de las personas”.

La consigna “el agua no se vende, se defiende”, trasciende el estigma de los grupos ecologistas. La demanda por recuperar el derecho de abrir el tubo de la casa, y poder beber tranquilamente, sin seguir envenenándose con el vital elemento se comienza a escuchar de manera transversal.

La conciencia ciudadana comienza a encontrar eco y se manifiesta en respaldo jurídico y masivo.
Los siguientes pasos en las demandas por el agua en las comunidades rurales y urbanas, se está fraguando y está por escribirse.

*Periodistas de GPS (Grupo de Periodismo y Sociedad).

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arlette 04/28/2013 20:40


QUE FUE LA CEPAL Y QUE BUSCAN LOS EUROPEOS


LAS VENAS DE AMERICA LATINA VUELVEN A SANGRAR----



Uruguay INNOVA es un programa de cooperación
financiado por la Unión Europea y el Uruguay, basado en una novedosa modalidad de ejecución que se adecua a la velocidad y necesidades de las políticas de desarrollo tecnológico e innovación del
país.


http://www.anii.org.uy/web/convocatorias/programa-medio-ambiente


http://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/index_es.htm


Leer
el artículo que sigue


http://eeas.europa.eu/la/rsp/07_13_es.pdf


http://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/eu_latin_america/index_es.htm


El PTP se orienta a transformarse en un centro de referencia en la áreas de la Química y la Biotecnología, donde, desde la
investigación para innovación y desarrollo se generen fuertes sinergias con los sectores farmacéutico, alimentario y ambiental.

Uruguay INNOVA apuesta al fortalecimiento del Polo, en infraestructura y recursos humanos, para satisfacer el incremento de demanda de servicios tecnológicos.


La Agencia Nacional de Innovación e Investigación debe saber que
"innovar" no vamos a innovar nada, ya que el gobierno dispuso la introducción de tecnología a través de contratos con empresas multinacionales (prospección de gas y petróleo en mar y tierra), el
arrendamiento y venta de campos a productores argentinos (soja y trigo), brasileros (arroz), forestales (europeos y norteamericanos).
Ningún dinero es mucho cuando se trata de investigación, pero en estas áreas ya sabemos cómo empieza la película y cómo termina.



1 – La industria agroalimentaria y el “capitalismo” han demostrado que no son capaces de terminar con el hambre en el Mundo, sino que son la ruina de los pequeños y medianos agricultores que
luego son desplazados hacia las ciudades.



2 – La biotecnología agraria (genómica) es la que están desarrollando Monsanto, Bayer, Syngenta, etc., con sus transgénicos (combinación de genes de dos especies diferentes)


 Sus efectos sobre
la salud y los medio ambientes son encubiertos de cualquier manera (Golpes de Estado, sobornos, compra de políticos, etc.)



El maíz MON-810 que se cultiva en Uruguay fue prohibido en 8 países europeos. Si lo prohibieron es porque ya lo “investigaron”



3 - Atmósfera y meteorología - Investigación sobre las consecuencias que el Cambio Climático nos ha dejado gracias a nuestro estilo de vida -


4- Geología y minería – Ya existen experiencias de sobra en este
sentido. Alcanza con ver lo que pasa en Per&u

arlette 04/28/2013 18:07


"Por la defensa y recuperación del Agua"





 


MapuExpress


El 22 de abril, en el día internacional de la Tierra, diversas manifestaciones y expresiones sociales Chilenas y de Pueblos Indígenas se manifestarán por la defensa y recuperación del agua.


A continuación, una serie de videos – spots – informativos relacionados a esta campaña que busca establecer en la agenda pública cambios estructurales que permitan establecer al agua como un
derecho humano, de bien público y colectivo y a su vez, el respeto y defensa de los territorios como espacios de vida ante la depredación que diversas actividades industriales vienen ocasionando,
poniendo en riesgo y crisis la existencia de este vital elemento.


Al final de la serie de cortos audiovisuales, una serie de enlaces con información relacionada, como es el recorrido oficial de la caminata y carnaval por el gua este 22 de abril, el programa
especial de Mapuexpress al respecto, las convocatorias, entre otras.


Pupichikeche de Panguipulli invitan a marcha carnaval por el Agua – 22 de abril


"El agua es más que un derecho humano, es el derecho de todas las vidas"


Puelche comunicaciones


 


http://www.youtube.com/watch?v=PGZlvdNDLkY&feature=youtu.be 


Por la Defensa y Recuperación del Agua – SPOT – Desde Temuco


Adkimvn – Mapuexpress – red de organizaciones de Temuco


http://www.youtube.com/watch?v=Dil95ujqFI8 


SPOT: Por la Defensa del Agua, la Tierra y la Vida


Adkimvn – red de organizaciones de Temuco


http://www.youtube.com/watch?v=6OWhkmLF1XE 


Agua y espiritualidad


Pelon - Mapuexpress


http://www.youtube.com/watch?v=onexaFoURZ4 


 





 


 






 


 





 


 





 


 
 

 

arlette 04/28/2013 16:46


arauco en uruguay





Eduardo Jaramillo, académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la U. Austral de Chile, afirmó que la celulosa contaminó con metales pesados el humedal lo que provocó
la muerte del luchecillo, alimento principal de los cisnes de cuello negro.


La Celulosa Arauco, Celco, del Grupo Angelini, intentó quedar libre de las acusaciones que la indicaban como responsable del ecocidio en el Río Cruces en Valdivia hace 8 años. Utilizando en ese
momento las influencias que su alma pater, Anacleto Angelini, tenía con el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos Escobar, consiguió mantenerse al margen de la justicia y no solo eso, sino que
mantener hasta hoy una patente anual de 11 mil pesos, dejando claro que Arauco es una
empresa mimada por el Estado de Chile.


Los cisnes de cuello negro que comenzaron a desplomarse por la ciudad de Valdivia, alertaron a la opinión pública que mantuvo constante presión hasta hoy, cuando el caso vuelve a Tribunales. El
Consejo de Defensa del Estado (CDE) y representantes de Celulosa Arauco (CELCO), esperan el fallo tras 8 años de la demanda del CDE por daño ambiental en el Río Cruces, este 17 de mayo en el
Primer Juzgado de Policía Civil de Valdivia. Antes, el tribunal de Puerto Montt anuló la multa a la Planta Valdivia de Celco y luego, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bíobío
decidió dar la sanción mínima.


Todas estos dimes y diretes judiciales no restan la evidencia científica que el Doctor Eduardo Jaramillo, académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
de la U. Austral de Chile, consiguió siendo uno de los primeros investigadores que coordinó un equipo para evaluar las causas de la mortandad de aves que se empezó a evidenciar en mayo
de 2004 en el humedal del río Cruces.


Según un estudio coordinado por el Dr. Jaramillo en 2004 y 2005, la muerte masiva de cisnes de cuello negro se debió, entre otras cosas, a la desaparición del
Luchecillo, su principal fuente de alimento. Este fenómeno se produjo debido a que las plantas fueron afectadas por una alta carga de metales pesados depositada sobre las
mismas, lo que probablemente afectó la fotosíntesis y finalmente produjo su muerte.


“Los cisnes migraron por falta de Luchecillo. Algunos no pudieron emigrar por falta de masa muscular debido a ayuno y se comieron los remanentes de Luchecillo con altas cargas de metales pesados,
fundamentalmente hierro”, explica el Dr. Jaramillo. Esto que provocó efectos patológicos en las células hepáticas, enfermedad conocida como hemocromatosis, situación que también influyó en el
fallecimiento de las aves.


Jaramillo, plantea que la contaminación de metales pesados en el Luchecillo se produjo por el vertido de residuos desde la planta de Celulosa Arauco, ubicada aguas arriba del humedal del río
Cruces y cercana a San José de la Mariquina


“Esto está acreditado en el juicio iniciado por el Consejo de Defensa del Estado y la Corte Suprema ha ratificado las multas contra la empresa por vertidos de residuos líquidos no autorizados”,
explica el investigador.


Estos hechos evidencian que los estudios desarrollados por la Universidad de Chile que indicaban como responsable factores climáticos que asociados causaron la muerte del luchecillo, fueron o mal
realizados a raíz de que el muestreo se hizo en condiciones ambientales especiales que no se repitieron en el tiempo, o que lisa y llanamente fueron encomendados por la misma empresa, como vemos
recurrentemente que ocurre en este tipo de casos donde la ciencia define hipótesis sobre una metodología que se acomoda a los resultados que se quieren obtener. (Ver entrevista a Alberto
Mayol -Ex académico de la Universidad de Chile sobre este
punto).

arlette 04/28/2013 16:29


Hace 32 años, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se inició un proceso de venta de pequeños porcentajes de sanitarias a las grandes empresas transnacionales que hoy, con el impulso que
le dieron los siguientes gobiernos, son las dueñas del agua en Chile. Esta semana, la sociedad civil salió a la calle en una movilización traversal. este es un análisis de fondo de la
privatización del agua en Chile.


“¡El agua-es nuestra, por-eso-es-la-protesta!”, “¡El agua no se vende, se defiende”, vociferaban el lunes pasado (22 de abril) cientos de voces, muchas personas disfrazadas, con bailes y
pancartas, consignas en contra de las autoridades de la derecha política -que gobernó en dictadura y estos últimos tres años- y de la Concertación -que gobernó los 20 años
intermedios-.


De lado y lado son considerados responsables de que un bien nacional de uso y dominio público se haya transformado en una mercancía para hacer negocio. Era la primera marcha carnaval por el agua
que llegaba a la capital.


Acceder al agua y a su saneamiento no está garantizado en Chile como un derecho fundamental del ser humano -aunque sí para las empresas- pese a que así quedó establecido en la
Asamblea General de Naciones Unidas del 28 de julio de 2010. Las grandes transnacionales se han encargado de extraer recursos naturales utilizando cantidades ingentes de agua,
limitando de esta manera su uso en la pequeña agricultura y para el consumo humano.


Tras la llegada del nuevo Presidente de la República, Sebastián Piñera, en 2010, el agua quedó totalmente en manos de privados. Se vendió la participación accionaria que el
Estado poseía en las cuatro mayores empresas sanitarias del país: Aguas Andinas (35%), de la empresa española Grupo Agbar; Empresa Sanitaria de
Valparaíso, Esval (29%), del Grupo Hurtado Vicuña/Fernández León; Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, Essal (45%), de propiedad mayoritaria de
la transnacional Suez-Agbar; y la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío, Essbio (43%), del fondo argentino Southern Cross.


AGUA PARA LA MINA, NO PARA LA GENTE


Desde la Región de Valparaíso hacia el norte de Chile, se vive una crisis estructural de falta de agua, que no obedece sólo a sequías ocasionales, según lo estableció el
Ministerio de Obras Públicas (MOP) en abril de este año. El impacto en la agricultura y la ganadería en regiones como Valparaíso y Coquimbo –siendo este último
el caso más dramático, con un déficit del 87%–, evidencian la necesidad de una solución urgente.


La Red Ambiental Norte (RAN), conformada por organizaciones ecologistas, ciudadanas y socioambientales del
norte del país, se reunió en agosto de 2012 para compartir experiencias y hacer frente a los grandes proyectos mineros y termoeléctricos instalados en la zona, los que consideran causantes de la
creciente agudización del estrés hídrico y la destrucción de las cuencas, debido a su inmensa demanda por el recurso vital para su funcionamiento.


Alfonso Ossandón, vocero de RAN, representante de Coquimbo y La Serena, denuncia que el impacto de la mega minería en las comunidades agrícolas
y en las urbes de mediana dimensión como Andacoyo, Vicuña, Choapa, Caimanes, son de carácter grave.


Caso emblemático es este último pueblo, ubicado al interior del Valle de lo que fue el ya seco río Pupío, que desemboca en la playa de Los Vilos, (Región de
Coquimbo). Los habitantes de Caimanes han debido soportar los desechos tóxicos y relaves mineros de minera Los Pelambres, que son lanzados al agua a 10 kilómetros de la
localidad, afectando la calidad de vida de niños y adultos.


La minera, perteneciente a Antofagasta Minerals, es propiedad de la familia Luksic, la más rica y una de las más poderosas de Chile, que da el nombre al Grupo
Luksic, holding económico con negocios en diversos rubros.


“El Estado ha sido indolente y ha hecho la vista gorda con nosotros. Tanto la Policía de Investigaciones (PDI) como el Colegio Médico han determinado que esas
aguas no son bebibles ni para personas ni para animales”, asegura Ossandón. Los estudios acreditan que hay plomo, mercurio, cadmio, hierro y manganeso, en el agua que se distribuye en Caimanes. Y
lo propio sucede con el agua para regadío.


Según un informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), al menos nueve localidades chilenas no cumplen con la norma nacional de calidad de agua potable, y tres de
ellas -Arica, Pozo Almonte y Valle Grande- tienen altos niveles de arsénico, que superan los 0,01 mg. por litro, pudiendo provocar, según los expertos, desde
intoxicaciones agudas hasta abortos, si se consume en pequeñas dosis.


Los Luksic, también propietarios de la empresa Aguas Antofagasta, le vendió 550 litros por segundo de agua cruda del río Loa a la minera Doña Inés de
Collahuasi –propiedad de las transnacionales Anglo American y Xstrata Copper– con el fin de alimentar sus faenas mineras al interior de
Pica, en la Región de Tarapacá. Esto explica, según la directora del Programa Chile Sustentable,
Sara Larraín, el enorme gasto de agua que las sanitarias generan al usar y ceder el recurso a la minería.


EN EL SUR, LA AGRICULTURA Y LA ENERGÍA EN PUGNA


Desde el Sur los problemas no son menores, los proyectos hidroeléctricos, que transmiten la energía a las mineras del Norte, han sido símbolo de desarrollo, por un lado, y de destrucción y
debacle ambienta por el otro.


Hace unos meses, la Justicia determinó que el megaproyecto HidroAysén, de la española Endesa, debía paralizarse, porque a pesar de que se habían otorgado los
permisos debido a “la débil legislación medioambiental que ostenta Chile”, según sostienen varias de las organizaciones medioambientalistas, la fuerte oposición ciudadana, con manifestaciones
masivas y recursos legales, lograron que se revisara y prohibiera su construcción, que implica la inundación de zonas protegidas de la Patagonia, con el consecuente e
irreversible impacto ambiental.


El proyecto contempla la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, tres en el río Baker y dos en el río Pascua. Además de un corredor para la transmisión
de la energía, que generaría una cicatriz de Sur a Norte, en la geografía nacional. Directamente se afectarían 5.910 hectáreas, el 10,05% de la Región de Aysén.


La empresa ha informado que “el trazado de la línea nace en la comuna de Cochrane, donde recibirá la energía de las centrales hidroeléctricas del proyecto HidroAysén, en la Subestación
Convertidora Sur, la que luego conduce a través de un tendido aéreo de 660 kilómetros y 160 kilómetros de línea submarina con el propósito de reforzar el Sistema Interconectado
Central con energía limpia, segura, estable y chilena”. Energía eléctrica que en su mayoría también se destinaría a las mineras.


Las forestales aportan lo propio en la concentración de los derechos de uso del agua. Teresa Nahuelpán, vocera de la zona sur en la marcha – carnaval por el agua, presidenta del
Comité de Defensa del Mar, de Mehuín, explica que la contaminación que generan las plantaciones
forestales, que luego dan en las plantas de celulosa, ya no se aguanta en los territorios