¿Los desplazados colombianos son apátridas?

7 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

En Colombia la relación con la comunidad nacional está mediada por la dependencia de redes particulares de poder, tradicionalmente (y también ahora) por los gamonales.

Pública: Jhon Jairo Salinas/Redepaz quindio/ | Medicos Sin Fronteras | 3-2-2011

El drama del desplazamiento en Colombia

.1. ¿Apátridas? Algunos autores han comparado a los desplazados colombianos con los "apátridas" europeos del período de los totalitarismos y la II Guerra Mundial. Aquellos apátridas habían perdido la trama social (fueron arrancados de los puntos de referencia de su identidad personal); su expulsión no se originó por una oposición explícita al régimen sino por su nacimiento y pertenencia a "una mala categoría de raza o de clase"; y por último, eran despojados de todos los derechos y no existía para ellos ninguna ley. (11) Los desplazados colombianos siguen siendo miembros de una comunidad política, pero en muchos aspectos se parecen a estos apátridas definidos por Arendt. Han sido privados de los vínculos sociales que tenían en su lugar de origen; en la mayoría de los casos la huida sólo está determinada por su lugar de residencia, no por haber tomado parte en las confrontaciones, por lo que difícilmente logran darle un sentido a lo que les ha sucedido; y, aunque teóricamente disfrutan de los derechos de todo ciudadano, en realidad no tienen medios para hacerlos valer. Con una diferencia, en este caso: la mayoría de los desplazados, y muchos de los colombianos, nunca han tenido acceso a una ciudadanía plena y total. "El desplazamiento no es, así, una simple coyuntura sino que es vivido como una condición social casi permanente". (12) Esto es especialmente cierto en aquellos que provienen de zonas de colonización más o menos reciente: en Colombia la relación con la comunidad nacional está mediada por la dependencia de redes particulares de poder, tradicionalmente (y también ahora) por los gamonales y, en general, por la presencia de cualquier grupo político que disponga de medios de fuerza, que es el que establecerá la forma de organización social ante la ausencia de un Estado real.

La ciudadanía implica un sentimiento de pertenecer a un grupo social concreto y de acceder a las garantías que ofrecen las instituciones. Sin embargo, todo esto es escaso en muchas regiones por la heterogeneidad de la población (llegada de diferentes lugares y en sucesivas oleadas) y las presiones que ejercen las redes políticas. La presencia del Estado raramente se deja notar y muchos de sus supuestos representantes (jueces, policías, alcaldes...) de hecho entran a formar parte de las redes de poder locales.

Los grupos armados han llegado, en muchos lugares, a llenar el vacío del Estado y cumplir las funciones que serían propias de él. Esta situación lleva a la población a una aceptación de la convivencia con el actor armado y de las normas por él impuestas. Estos actores también crean redes de poder, desde el manejo de la información a canales de abastecimiento, impuestos sobre la producción, etc. En este contexto, cuando otro actor llega a disputar el territorio y eventualmente logra el control sobre él, se da paso a las venganzas sobre la población que se considera "base social" del enemigo. Dentro de las comunidades, la necesidad de supervivencia y el acomodamiento al nuevo actor pueden generar desconfianza y actos de venganza, incluso al interior de las propias familias.

Como señalaba Alejandro Reyes, "individualmente el desplazamiento forzoso en Colombia es una catástrofe en la vida de varios centenares de miles de personas, socialmente es una dinámica caótica de redistribución de la población en el territorio y políticamente es un sistema de exclusión que busca la homogeneización de lealtades en espacios disputados por poderes rivales, en el contexto de una confrontación armada múltiple y regionalmente diferenciada". (13)

2.2. La presión del modelo neoliberal

Pero además de la presión tradicional --sustentada en la violencia-- de las elites políticas y económicas locales, han entrado en juego nuevos factores. Las elites mantienen ahora una alianza con las instituciones multilaterales de crédito y el capital financiero, que impone la ampliación de los circuitos de capital, privilegios al capital financiero, reforzamiento del sector primario de la economía pero orientado a los mercados externos (agroindustria), favorecer la inversión extranjera y las importaciones y fortalecimiento de la represión para ahogar la protesta social.

Los escenarios de "La Violencia" fueron también la base de la acumulación capitalista en la segunda mitad del siglo XX. El nuevo ascenso de la violencia corresponde a las nuevas zonas de expansión de los circuitos del capital y a las áreas que tienen macroproyectos de desarrollo, cultivos ilícitos y alta riqueza en biodiversidad y recursos naturales. Las dinámicas de expansión del modelo de desarrollo pretenden articular regiones periféricas con los principales centros del país y fortalecer las vías de comunicación con los mercados mundiales. En el Plan de Desarrollo de la administración Pastrana estaba prevista la construcción de ocho vías transversales y ocho troncales, además de vías transporte ferroviario, aéreo, fluvial y marítimo. El objetivo es garantizar el acceso de las multinacionales y los inversores privados a los recursos.

Colombia tiene más de 39 millones de hectáreas de bosques comerciales y maderables no intervenidos. El Gobierno está promoviendo la explotación del corredor forestal al sur del río Meta y estimulando la inversión nacional y extranjera. El proyecto fluvial Orinoco-Meta, financiado por los Gobiernos japonés y colombiano, contempla la construcción de canales, puertos y peajes y la concesión de su gestión a una empresa transnacional. Las comunidades indígenas sikuani, sálivas y achaguas, que ocupan desde tiempos ancestrales el eje del río Meta, denuncian que no han sido consultadas. (14)

Las comunidades afrocolombianas desplazadas de la cuenca del río Cacarica (en el Chocó) han denunciado la deforestación ilegal de sus territorios por la empresa YIRH, que opera junto con Maderas del Darién. Sus actividades no respetan las normas medioambientales debido a su influencia sobre la entidad encargada de otorgar las concesiones, y cuentan desde hace tiempo con la protección de los paramilitares. Aquí se encuentra el principal bosque de cativo del país. Pero la región del Chocó también aporta a la producción nacional el 70% de la materia prima para la industria de la pulpería, el 82% del platino, el 18% del oro, el 13,8% de la plata, y en su suelo hay yacimientos de bauxita, manganeso, estaño, cromo, níquel y petróleo. (15)

Sobre el Chocó ("la mejor esquina de América") confluyen proyectos hidroeléctricos, de puertos, canal interoceánico, oleoductos, carreteras y vías férreas. La valorización que tendrán estas tierras y su apertura comercial explica la guerra desatada contra las comunidades de la zona: las agroindustrias del Urabá antioqueño se expandirán hacia esta área; se iniciará la explotación petrolera y minera; se desarrollará un gran proyecto hidroeléctrico que permitirá la exportación de energía a Centroamérica y EE UU. Ya hay multinacionales francesas en la zona extrayendo material genético y plantas medicinales.

Otras multinacionales, las petroleras, están muy interesadas en asegurar su presencia en Colombia y un entorno "seguro" para sus actuaciones. El diario británico The Guardian denunció en 1997 el involucramiento de British Petroleum en la financiación del paramilitarismo. También es conocida la presión de Oxy en el Congreso de EE UU para que se ampliara el radio de acción del Plan Colombia, desde el Putumayo (donde estaba previsto inicialmente) hacia las áreas donde esta compañía tiene intereses. "La violencia hace parte de los negocios en Colombia". (16)

En este punto hay que señalar las motivaciones que guían a unos y otros actores armados en la utilización de la violencia y en su relación con determinadas actividades económicas, más allá de las razones de estrategia militar.. Para los grupos paramilitares y las fuerzas armadas estatales, el objetivo es garantizar el desarrollo de esas actividades y eliminar posibles "molestias" para aquellos que las llevan a cabo. A cambio, aquellos que son protegidos pagan el tributo y financian a estos grupos.

Fuente /cita.

Mabel González Bustelo

Asistente de Testimonio Operacional para Colombia

Santafé de Bogotá, septiembre de 2001/Médicos sin fronteras/

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