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El polvorín

Paraguay - La injusticia contra los campesinos continúa

18 Marzo 2013 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

A 9 meses de Curuguaty, dos embarazadas presas y dos campesinos en huelga de hambre

16 de marzo de 2013

Ayer se cumplieron 9 meses de la masacre de Curuguaty y las organizaciones campesinas y de derechos humanos siguen denunciando la falta de justicia en el Paraguay. En particular, es grave la situación de Fanny Olmedo y Dolores López, embarazadas de seis y ocho meses; y de Rubén Villalba, internado en terapia intensiva luego de 50 días de huelga de hambre.

Rubén Villalba se encuentra internado en el Hospital de Luque, donde fue trasladado de urgencia esta semana. Según informó el abogado Guillermo Ferreiro, ayer Villalba tuvo convulsiones, en el día nro. 49 de huelga de hambre en reclamo de su libertad.

Villalba fue uno de los líderes de la ocupación de Marina Cue, las tierras donde se produjo la Masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012.

En la masacre perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías, emboscados por francotiradores, en circunstancias confusas. Este episodio sirvió para que luego de un acuerdo de las fracciones de la derecha política paraguaya, el presidente Fernando Lugo fuera sometido a un juicio político exprés y luego destituido.

Sin embargo, el Poder Judicial paraguayo enfocó su investigación sólo en los campesinos que reclamaban acceso a la tierra, procesando a 54 personas. Entre ellos a Villalba, quien el 25 de enero dio a conocer una carta donde informó que iniciaba una huelga de hambre, exigiendo a la Corte Suprema de Justicia que investigue y aclare la verdad sobre lo ocurrido en Marina Cue. “El interés del ministerio público es de investigar en forma parcialista la masacre ocurrida -expresó-, buscando responsabilizarme de la muerte de los once campesinos y de los seis policías, sin presentar una sola prueba que pueda demostrar mi responsabilidad en los hechos que me acusan”. Tres días después se sumaba a la medida Néstor Castro, quien lleva 47 días de huelga de hambre en la cárcel de La Esperanza.

Otras dos campesinas que continúan detenidas son Fanny Olmedo y Dolores López, embarazadas de seis y ocho meses.

Como se informara el miércoles pasado, la Coordinadora paraguaya por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia exige que se respete lo establecido en el artículo 238 del Código Procesal Penal de Paraguay, en relación a que “no se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o de las personas afectadas por una enfermedad grave y terminal debidamente comprobada. En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará el arresto domiciliario”.

A nueve meses de la masacre, hasta la Organización de las Naciones Unidas ha criticado duramente las irregularidades en el proceso judicial a partir de la masacre. El Comité de Derechos Humanos de la organización internacional señaló en un informe preliminar que existe una sola línea de investigación en el caso Curuguaty y solicitó al Estado la adopción de medidas de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente en relación con los líderes campesinos. El llamamiento de la ONU llega luego de que el 1ro. de diciembre pasado fuera asesinado por dos sicarios Vidal Vega, líder del movimiento Campesinos sin Tierra, presidente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguat y uno de los principales testigos.

El informe, cuya versión final será presentada a fin de este mes, también cuestiona al Estado paraguayo por la destitución de Lugo, y destaca su preocupación sobre las ejecuciones extra-judiciales y las detenciones ilegales de campesinas y campesinos, así como los múltiples casos de tortura.

Ayer, organizaciones campesinas, de derechos humanos y familiares de las víctimas volvieron a movilizarse para pedir justicia, reclamando la libertad de los 14 campesinos y campesinas que aún se encuentran detenidos y exigiendo el apartamiento del fiscal de la causa, Jalil Rachid, quien ha direccionado la investigación en contra de las familias sin tierra.

Fuente: ALBA TV/fvp, con información de SERPAJ Paraguay y periódico E’a.

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