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El polvorín

Uruguay: Por un bicentenario de los de abajo

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

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Paraísos turísticos, construidos sin derechos

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Artículo de Ernest Cañada, coordinador de ALBA SUD, sobre la vulneración de los derechos de los trabajadores de la construcción vinculados al sector turístico en Centroamérica, México y El Caribe. A pesar de sus particularidades, el artículo pone en evidencia situaciones y lógicas compartidas.


Crédito Fotografía: Trabajadores haitianos en El Hoyo de Friusa, Rep. Dominicana. Giorgio Trucchi / ALBA SUD

Durante los últimos años el área comprendida entre el Sur de México, Centroamérica y el Caribe se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos mundiales. Este fuerte crecimiento ha tenido lugar bajo el liderazgo y control estratégico del capital transnacional y los grandes grupos empresariales de la propia región, que han transitado hacia este nuevo nicho de negocio procedentes de otros sectores que tradicionalmente habían dominado su economía, fuertemente vinculada a la agroexportación. El modelo ha tenido un intenso carácter segregador y generador de desigualdad social, ya fuera a través de los complejos hoteleros “todo-incluido” o por medio de nuevas formas de promoción inmobiliaria de segundas residencias, lo que conocemos como “turismo residencial”. Con mayor o menor intensidad, según los países y en función del momento en el que se encuentra el sector en su particular evolución, este tipo de turismo ha generado un proceso de transformación histórica radical para esas sociedades, del que muchas veces no nos hemos dado suficiente cuenta.

Algunos de los impactos que ha provocado su expansión han empezado ya a llamar la atención: comunidades campesinas desposeídas de recursos esenciales como la tierra o el agua; restricciones a la población local para acceder a playas privatizadas o degradación ambiental por la urbanización de la franja costera. Son parte de esta profunda mutación en curso. Sin embargo, uno de los grandes fenómenos de la turistización, y que hasta el momento no ha sido suficientemente dimensionado, es la movilización masiva de trabajadores de diferentes partes de la región para la construcción de esos enclaves.

La creación de espacios turísticos emblemáticos como Punta Cana – Bávaro, en República Dominicana, Cancún y Riviera Maya en México o el litoral de Guanacaste en Costa Rica, se han llevado a cabo desplazando las actividades pre-existentes. En la lógica de la agroexportación tradicional esas áreas habían estado destinadas al cultivo de caña de azúcar y otros monocultivos, la ganadería, o eran zonas de selva que se explotaban comercialmente en una fracción menor, como en el caso de la península de Yucatán, en México, con la extracción de chicle. Al mismo tiempo, algunos de esos lugares no estaban tan insertados en la dinámica del mercado internacional y habían quedado en manos de comunidades campesinas y pesqueras con economías orientadas fundamentalmente hacia el autoconsumo y los mercados locales. Cuando se pusieron en marcha estos nuevos centros de desarrollo turístico, en algunos casos de forma planificada por parte del Estado (como en México o Costa Rica), en otros en base a iniciativas privadas pero con diversos tipos de acuerdo con los respectivos gobiernos, en esos territorios no existía suficiente mano de obra para la construcción de las infraestructuras necesarias. De forma generalizada, esto ha requerido atraer trabajadores procedentes de otras zonas, fundamentalmente población campesina de áreas más empobrecidas: haitianos en República Dominicana, nicaragüenses en Costa Rica y centroamericanos (y chiapanecos) en México.

Este proceso de movilización social, a pesar de sus particularidades, reviste ciertas características comunes:

- Los Estados se han desentendido de gestión de las necesidades de fuerza de trabajo para esta nueva actividad, que por otra parte sí han planificado y promovido como destinos turísticos, dejando que imperase el“laissez faire” en materia laboral, que sólo ha beneficiado a los grandes empresarios, confiriéndoles mayor poder de facto sobre los trabajadores. De este modo se impone el recurso sistemático a la mano de obra inmigrante de origen extranjero, que se moviliza sin contratos previos, y en muchas ocasiones en situación de ilegalidad. Estar en otro país sin la documentación en regla somete a los trabajadores a todo tipo de arbitrariedades y abusos, reduciendo los márgenes legales de su defensa y protección. Esto provoca un estado de permanente vulnerabilidad frente a los empleadores.

- Por norma general estos trabajadores obtienen bajos salarios, a menudo según el mínimo previsto como referencia y en dependencia del trabajo realizado, mayores sin embargo que los que logran en el sector agropecuario en sus lugares de origen. Aunque también es cierto que tienen que hacer frente a un coste de vida más elevado que de donde proceden, lo cual reduce el hipotético beneficio de esos mayores salarios. Dada su debilidad frente a la empresa, motivada por múltiples factores, a menudo son despedidos sin sus correspondientes liquidaciones o últimos salarios, ni las prestaciones que les corresponden. Oportunamente las autoridades policiales hacen operativos contra la inmigración ilegal, lo que mantiene en un estado de permanente inseguridad a los trabajadores. Frecuentemente los contratos son verbales y según las necesidades puntuales de las empresas y no se dispone de ningún tipo de prestación social. A esto hay que sumar unas condiciones laborales especialmente duras, inseguras e insalubres. Tanto los accidentes como las enfermedades laborales son habituales en el sector por cuanto son escasas las condiciones de vigilancia y protección en seguridad e higiene en el trabajo. El origen campesino de muchos de estos trabajadores, no acostumbrados a este tipo de actividad o a la altura de las obras, y la misma precariedad en sus condiciones de vida (mala alimentación, lugares para el descanso inapropiados, estrés) pone claramente en riesgo su salud y su vida.

- Cuando los trabajadores migrantes llegan a su destino, se encuentran que prácticamente no existen condiciones para su alojamiento, por lo que acaban viviendo en las mismas obras en las que están empleados o en campamentos informales con un elevado grado de provisionalidad y precariedad, hacinamiento y sin infraestructuras básicas necesarias. Esto da pie al nacimiento de nuevas aglomeraciones urbanas insalubres. En su mayoría son hombres solos, que se han desplazado sin sus familias. En este ambiente social y laboral, es muy difícil el arraigo en los nuevos territorios, lo que da pie al incremento de los niveles de alcoholismo y otras formas de drogadicción, como forma de superar la situación o evadirse de la realidad. Esta falta de integración en el territorio se puso más en evidencia con el estallido de la crisis económica internacional a partir de los años 2007 y 2008, y que supuso la paralización o redimensión de los proyectos constructivos en curso, provocando la desaparición de muchos de esos asentamientos, especialmente en Guanacaste.

- La maraña de subcontratacionestras las que se encuentran las grandes cadenas hoteleras y proyectos inmobiliarios limitan que los trabajadores puedan plantear cualquier demanda o acusación frente a los grandes capitales. Para la construcción de un determinado proyecto, o incluso partes de él, se acostumbran a contratar a diferentes empresas locales. Este tipo de práctica empresarial logra segmentar a los trabajadores y, en caso de cualquier incidente, desresponsabilizarse. Y si esto ocurre durante la construcción, se agudiza aún más en la fase de gestión del desarrollo turístico: las tendencias internacionales del sector hotelero apunta a una creciente separación entre la “marca” con la que opera un determinado establecimiento y la propiedad de sus inmuebles. En conjunto esta evolución dificulta cualquier acción colectiva por parte de los trabajadores. Incluso cuando las cadenas transnacionales adoptan estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), esta lógica de subcontratación les permite evadir responsabilidades.

- Las medidas de protección por parte del Estado son mínimas. Resulta especialmente significativo el pobre papel que desempeñan los ministerios de trabajo, responsables de las inspecciones en este tipo de empresas, que en realidad no responden a los intereses de los trabajadores. Incluso cuando hay voluntad política en algunos funcionarios, los presupuestos disponibles hacen que su capacidad de incidencia sea mínima en relación a los intereses de las grandes corporaciones. En el mismo sentido, la capacidad de organización sindical en este sector es muy limitada, con lo cual las posibilidades de salvaguarda y defensa colectiva son escasas. Y si bien es cierto que la tradición y características del sindicalismo mexicano es muy distinta a la existente en Costa Rica o República Dominicana, donde hay escasa y débil presencia sindical, en ese caso la existencia de sindicatos de albañiles no significa necesariamente que los trabajadores dispongan de estructuras  para su organización y defensa. De este modo, las formas de protección existente se reducen fundamentalmente a organizaciones sociales con presencia en los territorios, mayoritariamente iglesias, como el caso de Caritas y la Pastoral Social de Liberia, en la cabecera de la provincia de Guanacaste.

Todos estos factores configuran un escenario caracterizado por la precariedad y la vulneración de los derechos humanos sobre los que se asienta la industria turística, en connivencia de los respectivos Estados de la región, para rebajar costos en la construcción de sus enclaves. Unos paraísos turísticos construidos, en definitiva, sin tomar en cuenta los derechos fundamentales de los trabajadores que los hicieron posibles.

 

Tomado de Alba Sud

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EL PENTAGONO ESTA DE DUELO: La Juventud catalizó la caída del excecrable neo-faraón de Egipto

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

 

 

 

 

الإسكندرية بعد سبع سنوات من الغياب، تبدو أجمل وأبهي مما هي عليه بالفعل.. الشوق والحنين رسموها كقطعة من أوروبا أو الجنة، رغم أنني كنت مهموماً بمعايشة عروس البحر بعد حادث القديسين. أولي المفاجآت غير السارة كانت أني تورطت في حضور عقد قران عروسين لا أعرفهما في الحي الأكثر دفئا، محرم بك ولأنها المرة الأولي التي أحضر فيها عقد القران، فقد صدمني اختلاف الطقوس عما هو معروف حتي في الأفلام والمسلسلات، وأهمها غياب بزيه المشهور وعمامته الأشهر أو حتي ببدلته التي تناسب الأحياء الراقية. http://karam903.blogspot.com/

 

 

 

Mubarak, el último faraón egipcio

El presidente egipcio, Hosni Mubarak, presionado por semanas de protestas populares contra su régimen, ha abandonado este viernes el poder, en el que permaneció durante casi 30 años

Durante todo ese tiempo, Mubarak gobernó Egipto -el país más poblado del mundo árabe- con mano de hierro.

Al igual que otros estadistas árabes, Mubarak fue un militar que cambió las armas por la política. Nacido en 1928 en el Delta del Nilo, se hizo piloto de combate y en 1973 desempeñó un importante papel durante la guerra del Yom Kipur contra Israel como jefe de la Fuerza Aérea egipcia. Ocupó ese cargo hasta 1975 cuando el entonces presidente, Anuar El Sadat, le nombró su vicepresidente. En 1981, el asesinato de Sadat le convirtió repentinamente en presidente.

 

Mubarak fue un militar que cambió las armas por la política Desde entonces, el “rais” (presidente en árabe) Mubarak gobernó ininterrumpidamente Egipto. Hombre de ideología indefinida y sin un especial carisma, Mubarak recogió el legado de Sadat .

Con la ayuda de Estados Unidos logró labrarse una reputación como estadista y convertirse en el aliado de Occidente en la región.

 

En el interior del país, ejerció un control férreo, ayudado por la Ley de Emergencia, vigente durante todo su mandato.

Dicha ley adquirió justificación cuando con ella se logró contener la ola de terrorismo islámico que sacudió Egipto en los años 90, pero también le sirvió a Mubarak para barrer la oposición política a su régimen.

 

Con la excusa de la lucha contra el terrorismo, la Ley de Emergencia permitió suspender las libertades de prensa y asociación, amplió los poderes de los órganos de seguridad y anuló derechos civiles y políticos como el derecho a la huelga, o a ser asistido por un abogado en caso de ser detenido.

 

 

Poco a poco, la falta de libertades, la corrupción, las crecientes diferencias sociales y la pobreza (cerca del 40% de los 80 millones de egipcios viven con menos de dos dólares al día) hicieron que las fuerzas de oposición fueran ganando terreno.

 

Progresaron en especial los Hermanos Musulmanes, un grupo islamista fundado en 1928, ilegalizado pero semitolerado por el Gobierno. La represión del islamismo y el empeño de Mubarak en mantener la paz con Israel, también le valieron la enemistad de muchos egipcios. En 2005, Mubarak -presionado, al parecer, por EE UU- dio señales de apertura y permitió la concurrencia de varios candidatos a las elecciones presidenciales, una novedad teniendo en cuenta que hasta entonces él era elegido mediante un plebiscito.

En las elecciones presidenciales de 2005 los egipcios tuvieron la posibilidad de votar a otros, aunque el 88,5 de los que acudieron a las urnas (sólo votó el 23%) optó por Mubarak. En las elecciones parlamentarias celebradas a finales de 2005, sin embargo, los Hermanos Musulmanes -que se presentaron como independientes- obtuvieron un histórico 20 por ciento. Cinco años después, en diciembre de 2010, el partido de Mubarak volvió a ganar los comicios legislativos, pero estos fueron tachados de fraudulentos por la oposición.

Mubarak, que en estos 30 años sufrió varios atentados, llevaba supuestamente preparando desde hace un par de años a su hijo Gamal para sucederle. El 25 de enero, empezó en Egipto una ola de protestas -inspiradas en la revuelta de Túnez y convocadas vía Internet- en demanda de reformas políticas y económicas y de la dimisión de Mubarak. Mubarak empezó imponiendo el toque de queda, cambió el gobierno, prometió reformas y anunció que no se presentaría a las elecciones presidenciales de septiembre, pero no logró con ello acallar las protestas y este viernes respondió a las exigencias de los manifestantes renunciando al poder.

 

 

 

 

 

 

 

abdel kareem nabil

 

I am down to earth Law student; I look forward to help humanity against all form of discriminations. I am currently studying Law in Al Azhar University. I am looking forward to open up my own human rights activists Law firm, which will include other lawyers who share the same views. Our main goal is to defend the rights of Muslim and Arabic women against all form of discrimination and to stop violent crimes committed on a daily basis in these countries .

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دعوة حرب دينية في ليلة زفاف

 

الإسكندرية بعد سبع سنوات من الغياب، تبدو أجمل وأبهي مما هي عليه بالفعل.. الشوق والحنين رسموها كقطعة من أوروبا أو الجنة، رغم أنني كنت مهموماً بمعايشة عروس البحر بعد حادث القديسين. أولي المفاجآت غير السارة كانت أني تورطت في حضور عقد قران عروسين لا أعرفهما في الحي الأكثر دفئا، محرم بك ولأنها المرة الأولي التي أحضر فيها عقد القران، فقد صدمني اختلاف الطقوس عما هو معروف حتي في الأفلام والمسلسلات، وأهمها غياب بزيه المشهور وعمامته الأشهر أو حتي ببدلته التي تناسب الأحياء الراقية.

 

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 شابان.. أحدهما في بداية الأربعينيات والثاني يقترب منها، بجلباب قصير ولحية منطلقة بلا رعاية أو اهتمام .. الأول سيقوم بدور المأذون والثاني هو السنيد أو لعله مأذون تحت التمرين.. البيت يضيق بأهله والعدد محدود جدا من المدعوين، اثنتان من صديقات العروس وأربعة من أصدقاء العريس أحدهم هو الذي ورطني. اخيرا.. المأذون بدأ المراسم، مجرد دقائق وتنتهي الورطة المزعجة، هكذا تمنيت.. لكن المأذون أنهي عقد القران وبدأ خطبة طويلة وعجيبة.. حتي إن أحد أقارب العروس قال يائسا: لو طلبنا مأذونا عاديا سيكلفنا دم قلبنا،ولو استعنا بمأذون من السلفيين سيحول المناسبة المبهجة إلي دعوة لفتح إسلامي جديد بإعلان الحرب المقدسة علي أي شيء وكل شيء يراه عدوا، وعداوته مفتوحة علي البحري، وبالتحديد مع كل ما هو غير سلفي. — بدأ المأذون باستدعاء كل الأحاديث التي تعلي من قيمة النكاح في الإسلام باعتباره الطريقة الأسرع للإنجاب ودعم الأمة الإسلامية من حيث العدد، لاسيما أنها تعاني الضعف والتفكك والترهل نتيجة ابتعادها عن القرآن والسنة والرؤية السلفية.. يا إخواني.. كلكم تلمسون الحرب التي يشنها الأعداء علي الإسلام ونبيه الكريم وأمته المضطهدة حتي من أغلب أبنائها.. وإنك عندما تحدد النسل أو تنظمه، فأنت تساعد الأعداء وتخالف الشرع وأحد أهم حدود الله. — يا إخواني: يقولون لك إن الظروف الاقتصادية قاسية وإنجاب أكثر من طفلين أشبه بعملية تعذيب تحول البراءة إلي نقمة أو لعنة.. ومثل هذا القول يمثل نوعا من الحرب التي تقصم ظهر الأمة الإسلامية، وخطورتها أنها داخلية.. أي تجيء من ناس «مفترض» أنهم مسلمون. البنات يأتين إلي حيث يجلس المأذون مشدودات إلي النبرة التحريضية العنيفة التي يتكلم بها.. العروس خرجت من الأجواء الاحتفالية وركزت في المسئولية التي يلقيها عليها المأذون، والدور الذي يتعين عليها أن تلعبه لدعم أمة الإسلام.. والدة العروس انزوت في غرفة جانبية، يدها علي خدها ودموع الخوف أقرب إليها من دموع الفرح.. الصالون الذي يخطب منه المأذون ضاق بالمعازيم الذين غلبهم التململ والانزعاج والإحساس بالأسر.. ولا أحد قادر علي لفت اهتمام المأذون إلي أنه علي فرض وجود منطق في كلامه فإن المناسبة لاتحتمل.. الكل يخاف أن يتهمه المأذون في دينه، أو يضمه في لمحة بصر إلي معسكر الأعداء .. خاصة أنه فعل ذلك مع الذين أدانوا الحادث المأساوي الأخير.. حتي إنه شبههم بقوم «بلقيس» وتوعدهم بنفس المصير. أحد أقارب العروس همس في أذني: كيف ستنتظر أمة الاسلام تسعة شهور في هذا الترهل والضعف إلي أن ينجب العروسان.. وماذا لو كان مكتوباً لهما تأخر الإنجاب، أو الحرمان منه لا قدر الله؟!! المأذون مستمر في دعوته للجهاد والتي تعدت 45 دقيقة، خرج بعدها المعازيم يتندرون: إلي الجهاد يا أمة الإسلام. لم تنطلق زغرودة واحدة.. والخطبة هي الشيء الوحيد الذي جعلني أصدق أن حادث تفجير الكنيسة كان هنا.. في الإسكندرية.

 

نقلا عن : مجلة روزا اليوسف http://karam903.blogspot.com/

 

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NO ES LO MISMO Estudio de Impacto Ambiental … antes … que después de otorgada la concesión definitiva de la hidroeléctrica

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

  Apropósito de la cretina justificación de los funcionarios del gobierno del Perú, de que da lo mismo el Estudio de Impacto Ambiental … antes … que después de otorgada la concesión definitiva de la hidroeléctrica ... pantagruelesca afirmación que aplica errada y convenidamente el viejo principio matemático "orden de factores no altera el producto" ...

 

 

¿ Es igual presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  de una hidroeléctrica, antes de otorgada  la concesión definitiva o después de tenerla,cuando ya está para construirse la obra?
Pues NO es igual, a pesar que el Viceministro Camac y el Ministerio del Ambiente digan que de todas maneras se presentará el Estudio de Impacto Ambiental antes de iniciar las  obras de una hidroeléctrica, NO ES LO MISMO PONER LA CARRETA ANTES DE LOS CABALLOS … TODOS SABEMOS QUE ESO LLEVA AL DESASTRE, los efectos jurídicos y prácticos son muy diferentes si este estudio se presenta antes o después de otorgada la concesión definitiva.

 

                

La Ley General de Electricidad (LGE) Nº 25844, su reglamento y normas conexas, indican que hay dos tipos de concesión: la  temporal y la definitiva.

                     

 

 

La concesión temporal se otorga para realizar estudios de factibilidad (técnica, económica y ambiental) por la cual uno o varios interesados en un proyecto de generación hidroeléctrica pueden solicitarla y si cumplen los requisitos, obtenerla mediante Resolución Ministerial. Esto significa que la concesión temporal no es exclusiva ni excluyente porque simultáneamente pueden obnerla otros varios interesados.

En cambio, la concesión definitiva la obtiene SOLO UNO de los peticionarios, el que cumple con todos los requisitos exigidos.

 

El recorrido para el otorgamiento de la concesión definitiva es el siguiente:

Una vez terminados los estudios de factibilidad (los estudios de factibilidad técnica, los estudios de factibilidad económica y los estudios de factibilidad ambiental), el concesionario interesado en construir una hidroeléctrica, el concesionario temporal los  entrega al MINEM -Dirección General de Electricidad (DGE) en el plazo fijado para la concesión temporal (2 años y /o el tiempo adicional permitido por la RM).
Si  quiere obtener la concesión definitiva, la solicita a la DGE y recién en ese momento esta dependencia revisa los 3 estudios de factibilidad; asimismo, además el interesado debe adjuntar el Estudio de Impacto Ambiental-EIA, aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales (el EIA debe incluir el debate amplio y detallado con la participación ciudadana de los afectados por las estructuras que se proyecta construir, en el caso que analizamos, la hidroeléctrica) y otros requisitos  como por ejemplo, la garantía económica.
Antes de aprobar el EIA, la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM lo revisa  y si considera que una obra es sumamente dañina al medio ambiente o no profundiza mucho en el aspecto social, no lo aprueba hasta que el interesado en la concesión modifique- SUSTANCIALMENTE EN MUCHOS CASOS- las características de la hidroeléctrica, de forma de mitigar en lo posible los daños socioambientales: Y esto no representa  mayor problema, porque el Estado no ha firmado ningún contrato de concesión definitiva con el interesado.

Si cumple con todos los requisitos entre ellos el EIA aprobado, el Estado da la concesión definitiva  al concesionario peticionante, DE FORMA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE, de modo que nadie mas puede tener el derecho de PRETENDER construir esa hidroeléctrica, ya con concesión definitiva.

La concesión definitiva se da mediante un Contrato que incluye un cronograma de obligaciones que el concesionario se compromete a cumplir, entre esas obligaciones se encuentran aquellas del Plan de Manejo Ambiental contenido en el EIA.

Si el EIA se presenta antes de iniciar la obra, significa que ya se dió la concesión definitiva, sin que el contrato de concesión contenga ese cronograma de cumplimiento de obligaciones.  Y una vez firmado el contrato de concesión definitiva, la construcción de la obra se garantiza así el EIA presentado después diga que la obra es perjudicial al pais…ES LA DESASTROZA CONSECUENCIA DE PONER LA CARRETA ANTES DE LOS CABALLOS …

 

                         

 

 

A esto hay que añadir que, una concesión definitiva de electricidad, solo se revoca mediante resolución judicial.

Si bien se puede impugnar la concesión definitiva una vez concedida, en términos prácticos, esto resulta imposible pues el impugnador tiene que pagar un porcentaje de la inversión, que en el caso de las hidroeléctricas por se tan alta, resulta casi imposible pagar.

 

 

¿QUÉ LE PASA A BRACK?

 

 

Conozco a Mariana hace 20 años. Es la mejor amiga de la esposa de mi mejor amigo. Mientras nosotros oíamos música, ella hablaba de ecología, de la creciente deforestación, de animales en extinción y glaciares en peligro.

 

Bueno, Mariana me invitó hace unos días a una cena en su casa y, como suele hacer, me expresó su profunda preocupación por cómo las mineras siguen afectando el medio ambiente. Hace un par de años que no ejerzo el periodismo de investigación, pero igual algunos  amigos hacen catarsis conmigo y yo les digo lo que pienso: que, lamentablemente, los temas mineros dan poco rating a menos que tengan una historia muy potente que contar; que para que una denuncia tenga peso se requiere un video o audio.

 

Cuando dije audio, Mariana se paró de la mesa y dijo: tengo un audio de Brack. Yo me molesté con ella y le dije que tenía la mejor impresión del ministro Antonio Brack, que siempre me había parecido un hombre sumamente comprometido con la defensa del medio ambiente. “Yo también, me dijo ella, me encantaba, pero el poder lo ha transformado”. Yo le comenté que la función ministerial puede ser compleja, incomprendida, que no me imaginaba otra persona en ese cargo, que había que tener cuidado, pues muchas veces la medicina es peor que la enfermedad.

 

“Escucha el audio”, me dijo.

 

Mariana había participado en la elaboración de la Zonificación Ecológica Económica de Cajamarca, un estudio que identifica la mejor manera de usar un territorio. Esto implica identificar áreas con vocación agrícola, de conservación de la biodiversidad y también mineras. Pero, lo más importante es que este tipo de trabajos, realizados de manera consensual entre representantes del gobierno y la población, son claves para evitar conflictos sociales. Así de simple. Este estudio concluyó, entre otras cosas, como la propia Autoridad Nacional de Agua indica, que las cabeceras de cuenca no pueden ser usadas como territorio minero.

 

En el audio grabado durante una conferencia pública se oye a Brack decir que “El consejo regional ha aprobado una zonificación que será observada por el Ministerio del Ambiente por no haber seguido los trámites de ley y que, apenas se publique la ley, presentará una moción de inconstitucionalidad”. Añadió, refiriéndose al auditorio en Cajamarca, que “ustedes tienen cabeceras de cuenca con minería y no es que el agua se malogra”. Según expertos consultados “las cabeceras son incompatibles con el trabajo minero, allí deben crecer páramos y plantas que ayuden a obtener agua”. Se sabe que importantes grupos mineros están interesados en usar las cabeceras de cuenca como zonas de explotación minera, eso no es novedad, lo que sí llama la atención, es la posición del que fuese el ministro más independiente y carismático de este gabinete. ¿Qué le pasa a Brack?, fue la pregunta con la que nos retiramos de casa de Mariana.

 

22-12-2010 | Jerónimo Centurión  http://diario16.com.pe/columnista/8/jeraonimo-centuriaon/236/


 

"Hay que acortar los trámites"

El ministro del Ambiente dijo que no se ha eliminado el estudio de impacto ambiental porque “sería lo más estúpido que se podría hacer”

 

Lunes 07 de febrero de 2011 - 11:48 pm
 
 

El ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, negó que los cuestionados decretos de urgencia 001–2011 y 002–2011 eliminen el estudio de impacto ambiental como requisito para desarrollar los 33 proyectos de inversión impulsados por el Gobierno a principios de año.

De acuerdo con Brack Egg, solo las autorizaciones administrativas, que permiten realizar planos en detalle y buscar financiamiento para el proyecto, se otorgarán sin los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), pero ninguna obra se iniciará si no se presenta el EIA.

“Todo el mundo dice que el Estado es un paquidermo y que las cosas demoran demasiado, entonces hemos acelerado algunos trámites, pero no eliminamos los EIA, eso sería lo más estúpido que se podría hacer”, enfatizó.

A juicio del titular del Ambiente, las críticas hacia ambas normas de deben a que el Perú se encuentra en medio de una coyuntura electoral y “alguien” busca obtener réditos atacando al Gobierno. “Estamos en un proceso electoral y hay alguien que quiere ganar algunos votos”, puntualizó.

Notoriamente molesto, el ministro dijo que no podría asegurar si las modificaciones establecidas en los decretos de urgencia acortarían los procesos para ejecutar los proyectos. “Yo no lo sé porque no soy un empresario que se va a interesar por estos proyectos”, aseguró en diálogo con el programa de TV “Rumbo económico” de Canal N.

BRACK SE OFUSCÓ CON PREGUNTAS
Antonio Brack también fue consultado sobre la supuesta inconstitucionalidad de las normas pero tampoco quiso pronunciarse al respecto. “No lo sé, yo no soy constitucionalista”, afirmó incómodo. “Solo el Tribunal Constitucional determina la inconstitucionalidad de una norma”.

Abrumado por las preguntas de la conductora del espacio de TV, Jimena de la Quintana, el ministro hizo un aspaviento durante un pasaje de la entrevista y exclamó: “Señor, hay que acortar trámites en este país”.

El fin de semana, el presidente de la República, Alan García, abrió la puerta a la revisión de los decretos, sin embargo el ministro Brack aseguró que no podía confirmar si el tema se discutiría en el Consejo de Ministros de este miércoles.

 

http://elcomercio.pe/planeta/710398/noticia-brack-se-enoja-defiende-du-001-002-hay-que-acortar-tramites

 

BIÓLOGO MALCOLM ALLISON

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ARGENTINA: ASESINO SUELTO Y CON TRABAJO

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

REPRESOR DE LA DICTADURA-JEFE  DE SEGURIDAD DE BARRICK GOLD EN VELADERO
Se trata de Rubén Osvaldo Bufano
 
Mano de obra sucia y vigente
Uno de los deberes pendientes del actual gobierno nacional es la política minera. Por alguna razón, que no resulta precisamente enaltecedora, la vergonzosa entrega del patrimonio mineral de la Argentina ha continuado prácticamente sin cambio desde la época del menemismo, gestor y responsable de la Ley que favorece a las grandes empresas trasnacionales.
El problema, aunque los organismos nacionales lo minimicen, es muy serio y geográficamente extendido a lo largo del país; en algunos casos con discutibles acuerdos que permiten a las compañías operar como entidades ajenas a las leyes y reglamentos del país. Los ejemplos son múltiples y sería difícil englobarlos en un comentario, pero no caben dudas de la tendencia que tienen los grandes operadores de convertir sus concesiones en cotos cerrados, una circunstancia que ya ha causado muchas controversias y hasta llegado a generar violencia.
En algunos casos esa tendencia exacerbada a la dominación y vigilancia es francamente alarmante, no sólo por los hechos que ha generado -en los que ha llegado a haber heridos graves-, sino también por la índole misma de los participantes del bando empresarial. Ahora, una noticia filtrada por los circuitos de prensa alternativa -los grandes medios rara vez se hacen eco de estos sucesos- dio cuenta de que un ex integrante del tristemente famoso Batallón 601, Rubén Osvaldo Bufano, ha sido desde el año 2006 coordinador de las tareas de seguridad privada de la Barrick Gold, en el yacimiento Veladero, en la provincia de San Juan.
 La noticia, que ha sido confirmada por fuentes sindicales y profesionales de aquella provincia, recuerda que Bufano está acusado de ser uno de los responsables del secuestro y desaparición del escritor Haroldo Conti. También está sindicado de haber participado en la llamada Masacre de Fátima, en Pilar, provincia de Buenos Aires.
Según los datos obrantes en la causa, Bufano se hizo pasar por perseguido y pidió ayuda a Conti y, cuando estuvo seguro, lo entregó a los represores quienes, en ese mismo momento, saquearon en la casa todo cuanto pudieron. Como una forma de justificación plena de hipocresía dijo en un reportaje que le hiciera años atrás el diario de Cuyo: "En seguridad y en inteligencia, a mí el Ejército argentino me formó muy bien. Yo le debo todo lo que sé, le debo toda mi vida. Renegar de ese pasado sería renegar de mi vida". Bufano habría llegado a la provincia por mediación del ex funcionario Jorge Escobar, y fundó una empresa de seguridad beneficiada por el gobierno.
Los organismos de derechos humanos sanjuaninos dicen sin empacho que "la mano de obra barata y sucia que trabaja para la empresa es la mismísima policía provincial, es decir que la seguridad pública está al servicio de la transnacional, pero este es un esquema que no sólo se da en San Juan, sino también en Catamarca, Chile y Perú. Pero el trabajo del seguimiento, las escuchas y las amenazas contra nosotros proviene de este tipo de expertos". El blanqueo de Bufano en una actividad de este tipo es acorde con la lógica que aplica la trasnacional en materia de policía privada, muy preocupada en desarticular los movimientos ambientalistas que ha generado su accionar.
Y más, porque Bufano, ahora en su papel de empresario, ha intentado obtener una cátedra sobre "Inteligencia y seguridad" nada menos que en la Universidad Católica de San Juan. Si se diera esa aberración poco favor le haría a esa casa de estudios contar con semejante personaje entre sus profesores.
http://www.laarena.com.ar/ opinion-mano_de_obra_sucia_y_ vigente-56981-111.html
Enviado por Facundo
Rubén Osvaldo Bufano acusado del asesinato de Haroldo Conti coordinaba la seguridad de la Barrick Gold. San Juan 6/12/10














El acusado del asesinato de Haroldo Conti coordinaba la seguridad en la Barrick Gold
Se trata de Rubén Osvaldo Bufano, ex integrante del batallón de inteligencia 601.
Miembros de la asamblea de Derechos Humanos y de las agrupaciones ambientales de la provincia reconocieron al imputado por la desaparición del escritor. Hoy intenta obtener una cátedra en la Universidad Católica de San Juan.
Rubén Osvaldo Bufano, ex integrante del Batallón 601 y acusado de ser uno de los responsables del secuestro y desaparición del escritor Haroldo Conti, coordinó las tareas de la seguridad privada de la Barrick Gold en el yacimiento Veladero, en la provincia de San Juan, a partir de 2006, confirmaron fuentes sindicales y profesionales de aquella capital cuyana. Hoy, el ahora empresario del rubro intenta obtener una cátedra sobre "inteligencia y seguridad" en la Universidad Católica de San Juan, según confiaron militantes de Derechos Humanos.
El reciclaje de Bufano, también acusado de haber participado en la llamada Masacre de Fátima, en Pilar, provincia de Buenos Aires, se inscribe en la lógica de la policía particular de la multinacional minera que, en estos días, volvió a ser denunciada por "perseguir" y "escuchar los llamados telefónicos" de los ambientalistas de la Unión de Asambleas Ciudadanas.
Ramón Gómez Medero, integrante de la Unión de Asambleas Ambientales de San Juan, sostiene que "la cuestión de la policía privada de la Barrick es un secreto que circula. En realidad, la mano de obra barata y sucia que trabaja para la empresa es la mismísima policía provincial. Pero el trabajo del seguimiento, las escuchas y las amenazas contra nosotros proviene de este tipo de expertos." Agrega que, cuando se hacían las movilizaciones en contra de las mineras a cielo abierto, Barrick tenía su oficina en pleno centro sanjuanino. "Desde allí hemos visto personas muy altas y rubias que no eran de acá y que formaban parte de esa seguridad privada. Los informes que nosotros tenemos nos dicen que se trata de hombres que formaron parte de conflictos bélicos internacionales, más precisamente que estuvieron en la guerra de Irak. Parece una película de ciencia ficción pero no lo es", dice Ramón.
Gómez Medero explica que "el llamado D-2 de la policía provincial le sirve a la minera, es decir que la seguridad pública está al servicio de la transnacional, pero este es un esquema que no sólo se da en San Juan, si no también en Catamarca, Chile y Perú donde recientemente se hizo una película al respecto que se llama Operación Diablo".
Para el militante, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la capital cuyana, Eloy Camus, también autor del libro Historia de víctimas del terrorismo de Estado. San Juan, Argentina, Bufano llegó a la ciudad de la mano de Jorge Escobar, "el Fujimori de Menem, empresario exitoso que iba a generar un buen gobierno. En ese momento junto a un cabo del Ejército, Obredor, Bufano fundó OVYS y con esta empresa de seguridad empezaron a recibir los beneficios del gobierno de Escobar, que le daba a proteger las empresas del Estado, las privatizadas y de algunos sanatorios, como ADOS, entre otros establecimientos. Bufano está apañado por ese poder menemista que existe todavía en San Juan". Y agrega que Bufano "camina libremente por las calles de San Juan como si fuera un señorón a pesar de que muchos sabemos de su pasado. Por eso es fundamental seguir profundizando la democracia para perder el miedo y recuperar nuestra dignidad. No es casualidad que se reciclen represores para reciclar aparatos represivos. Es vital seguir adelante con la reconstrucción de la memoria y también es necesario poner en cuestionamiento al poder judicial que se hace el bobo ante estas situaciones impunidad."
La presencia de Bufano en los planteles de seguridad privada de la Barrick reactualiza la historia de La Forestal, otra transnacional dedicada a la explotación de los recursos naturales, que durante los años veinte del siglo pasado armó a su propia policía, la "gendarmería volante", también llamada "Los Cardenales", con el apoyo del gobierno de Santa Fe.
La Barrick tiene el nombre comercial de Minera Argentina Gold. En 2009 facturó 2200 millones de pesos, a razón de $ 4243 por minuto, colocándose en el puesto 71 entre las 1000 empresas que más venden en el país.
EL SECUESTRO DE CONTI.
En el informe Nunca Más, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, se lee parte del legajo 77 que refiere a la detención de Haroldo Pedro Conti, autor de Sudeste, En vida, Alrededor de la jaula y la célebre Mascaró. El 4 de mayo de 1976 "fue aprehendido cuando retornaba a su domicilio de Capital Federal a medianoche, junto a su compañera Marta Beatriz Scavac Bonavetti y el bebé de ambos. Allí tenía que aguardarlos un amigo. Al arribar a la vivienda, el amigo se encontraba ya maniatado, había un grupo de individuos vestidos de civil, quienes golpearon brutalmente a la pareja y la encerraron allí mismo, mientras se peleaban por el reparto del botín: los sueldos de ambos, percibidos esa mañana, efectos patrimoniales de toda naturaleza, dejando escasamente los muebles de gran tamaño. Robaron los originales de todas las obras de Conti y documentación personal", sostiene el documento.
Más adelante, el informe expresa que "los diarios de fecha 13 de noviembre de 1982 dieron cuenta de la detención, en la ciudad de Ginebra, Suiza, de tres argentinos, quienes declararon pertenecer a grupos secretos de represión política, autores de secuestros extorsivos cuyos rescates cobrarían en aquel país donde resultaron aprehendidos y que manifestaron estar en condiciones de proveer información sobre el destino de Conti". En base a las fotografías "difundidas en su momento de los individuos detenidos en Suiza (Bufano, Martínez y otros), la señora Scavac reconoció que el "amigo" que se hallaba en el domicilio antes de que llegaran las fuerzas que capturaron a Conti y que decía llamarse Juan Carlos Fabiani (quien había concurrido a casa de Conti una semana antes del secuestro solicitando asilo por sentirse perseguido por la policía a causa de su militancia política), era el detenido Rubén Osvaldo Bufano -perteneciente, según sus declaraciones, al Batallón 601 del Ejército-. Los hijos de Conti -Marcelo Haroldo y Alejandra- del primer matrimonio, también reconocieron dichas fotografías, ya en sede judicial, como pertenecientes al 'amigo' a quien veían en la casa de su padre cuando le efectuaba visitas..." "En seguridad y en inteligencia, a mí el Ejército argentino me formó muy bien. Yo le debo todo lo que sé, le debo toda mi vida. Renegar de ese pasado sería renegar de mi vida", dijo Rubén Osvaldo Bufano al Diario de Cuyo, el jueves 22 de agosto de 1996.
Aquella declaración fue consecuencia de la denuncia que hiciera el entonces diputado nacional por el socialismo, Alfredo Bravo, sobre la actividad del represor en democracia a través de su empresa Oeste, Vigilancia y Seguridad (OVYS) que prestaba sus servicios a la Asociación de Obras Sociales (ADOS) y a Edessa, la firma que se había quedado con la privatización del suministro de electricidad en la provincia de San Juan en tiempos del gobierno de Jorge Escobar.
"Bufano fue la cara visible de la empresa OVYS en los '90. Esa firma custodió el sanatorio Almirante Brown el día que la psicóloga María Rosa Pacheco de Balamaceda fue vista por última vez. Ella desapareció el 2 de junio de 1996", escribió el periodista Daniel Tejada en el Diario de Cuyo. Dos meses después, llegó el repudio público de Bravo a la presencia de Bufano.
El 24 de junio de 2004, la cara del secuestrador volvió a aparecer en el diario. Se pedía su captura como presunto partícipe de la llamada Masacre de Fátima, producida el 20 de agosto de 1976, cuando 30 personas alojadas en la Superintendencia de Seguridad Social de la Policía Federal fueron trasladadas en camiones y en un punto de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 62, en un paraje conocido como Fátima, en el partido bonaerense de Pilar, las fusilaron. El caso estaba siendo investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En junio de 2004, entonces, ordenó la detención del agente del 601. Pero la causa tampoco prosperó.
EL PRESENTE DORADO.
Por vericuetos judiciales, Bufano gambeteó la causa, siguió en libertad y de regreso a San Juan encontró un buen puesto laboral: se convirtió, a través de la empresa Custo, en uno de los responsables de la seguridad privada de la Barrick Gold, que en octubre de 2005 había iniciado la explotación del yacimiento de oro, plata y cobre de Veladero, a 4000 metros de altura. El dato fue confirmado por dirigentes de la Asociación Obrera Minera de la Argentina, delegación San Juan y por profesionales de la ciudad y la región del noroeste argentino.
Tres empresas de seguridad privada son las que prestaron sus servicios a la poderosa Barrick: Custo, Prosegur y la actual El Guardián, a cargo del ex policía provincial Raúl Morán.
"Custo era una empresa que decía venir de Suiza. Allí, una de las personas que manejaba todo era Bufano. Lo conozco muy bien", dijo un dirigente de la Asociación Obrera Minera de San Juan a este cronista. Para cerciorarse del dato llamó a otro ex integrante de una fuerza de seguridad, también vinculado a la seguridad privada de la minera canadiense. Y es curioso, porque Bufano estaba en Suiza cuando fue detenido en 1982 y donde otros sobrevivientes de la dictadura también lo reconocieron como un infiltrado en distintas organizaciones políticas que trabajan desde el exilio.
Profesionales que hoy trabajan en la capital sanjuanina y en el noroeste argentino reconocieron al imputado de haber participado en el secuestro de Haroldo Conti como uno de los principales coordinadores de la seguridad privada de la Barrick en el yacimiento de Veladero.
Según el ex legislador provincial Diego Seguí, "cuando cualquiera quiere ir por el camino minero, o la llamada servidumbre minera, no lo puede hacer, porque la empresa de seguridad privada de la Barrick impide el paso. Viene una requisa minuciosa y sólo se puede pasar si la autorización proviene de la empresa cuya sede no está en el cerro sino en la ciudad capital a casi 150 kilómetros de distancia. Ese es un camino provincial pero el control lo tiene la empresa."
Agrega que durante 2009 se llevó adelante una causa judicial que investigaba el origen de camionetas 4x4 que se vendían en Mendoza a precios extraños. "En realidad se trataba de vehículos robados, reducidos y que luego se rearmaban para ser vendidos en la provincia vecina. La investigación determinó que el origen de este material era el yacimiento de Veladero. Pero la justicia no llegó a nada, porque cuando la jueza que llevaba adelante la investigación quiso acceder al establecimiento, la seguridad privada de la firma no la dejó entrar. Es decir, un poder por encima de la propia justicia provincial. Fue un escándalo, pero no pasó más nada", agregó Seguí.
El periodista del diario Huarpe, Ernesto Simón, dice que no se sorprendería si reaparece Bufano como jefe de seguridad de la Barrick. "Recuerdo que Bufano era propietario de dos estaciones de servicio Raza, en pleno centro sanjuanino. También es conocida su participación en los sucesos relacionados con la desaparición de la psicóloga Pacheco. El problema es que Bufano actúa detrás de alguna otra persona, porque sabe que su pasado se conoce. Debe andar bien camuflado", apunta.
La jueza de ejecución penal de la provincia, Margarita Camus, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, señala: "Hace más de cuatro años que pedí informes sobre las causas judiciales que lo involucran a Bufano y para mi sorpresa saltó que la orden de detención que se había librado en su contra estaba sin efecto". Dice que el reciclaje de Bufano se dio a través de la agencia de seguridad OVYS, la protección de los sanatorios y clínicas como ADOS y que su nombre volvió a estar sobre el tapete con la desaparición de la psicóloga Pacheco. "Una mujer que trabaja con chicos que sabían del negocio del narcotráfico acá en San Juan. Bufano fue investigado, la causa quedó en nada y realmente tuvo ribetes escandalosos. Lo que tiene que quedar claro es que toda esta gente siguió haciendo lo que hacía antes. Ninguno de ellos se puso un comedor...", ironiza Camus.
Mientras la minera factura más de 4200 pesos por minuto, Bufano, experto en seguridad e inteligencia, camina con tranquilidad por las calles céntricas de San Juan. Sabe que la multinacional está custodiada por expertos muy parecidos a él mismo.


AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH
Tomado de HIJOS LA PLATA
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Costa Rica: El farsante

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Gerardo Trejos Salas (*)

10/02/2011

 

http://www.indisect.com/images/ADIVINANZAS.JPGSí, es un gran farsante. Todo el mundo, hasta él mismo, lo sabe. Algunos compatriotas (diputados-guardaespaldas), sin embargo, para poder disfrutar de las mieles del poder, silban y miran hacia arriba cuando alguien osa desenmascarar al farsante o amenazan con triturar al crítico. Pero son inofensivos: "perro que ladra no muerde".

 

Fracasó en sus estudios de medicina. A lo largo de su triste, solitaria y desventurada vida contrató plumas diestras o siniestras para que le escribieran libros y discursos. Es vanidoso y narcisista. Inauguró obras públicas inexistentes. Es autor de frases verdaderamente cursis.

Así, por ejemplo, en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en letras de bronce escribió la siguiente "pelotudez": "En este lugar un pueblo desplegó sus alas al viento y voló hacia el infinito".

Es un galán sin ventura. Herediano. Fue Presidente de la República. No soporta las críticas. La emprendió contra la naturaleza. Es avaro, mediocre y mezquino. Cree que todos los costarricenses somos tontos. Es tan pobre que solo dinero tiene. En San José, en la avenida segunda, diagonal a la inaugurada nueva casa Presidencial existe un bello y pequeño jardín que lleva su egregio apellido en placa de bronce, de esas que a él tanto le gustan, para colmar su vanidad.

Así su ilustre nombre quedó inmortalizado, es decir, cobró eterna fama.

 

Adivina, adivinador ¿Quién será?

 

(*) Ex diputado y Abogado



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Foro Social Mundial: articulando las resistencias

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

[català]

Esther Vivas | Viento Sur


El proceso de articulación de redes y movimientos sociales ha tomado toda su forma en la penúltima jornada del Foro Social Mundial (FSM), este jueves 10 de febrero. Asambleas temáticas de mujeres, campesinos, economía solidaria, contra la guerra, por la justicia climática, etc. han tenido lugar, así como la celebración de una masiva Asamblea de Movimientos Sociales, donde han convergido los sectores más activistas del FSM.

La Asamblea de Movimientos Sociales, promovida por La Vía Campesina, el CADTM, la Marcha Mundial de Mujeres, entre otros, ha aprobado, en una multitudinaria asamblea con unos tres mil participantes, una declaración en la que insta a la convergencia de las luchas y a la acción en dos fechas centrales de movilización para este año 2011. Por un lado, se aprobado el 20 de marzo como jornada internacional en solidaridad con los procesos revolucionarios en el mundo árabe y, por otro, el 2 de octubre como día de acción global contra el capitalismo.

Organizaciones y personas venidas de todo el planeta se han encontrado en esta asamblea que ha dado voz a los sin voz. No en vano los primeros en intervenir en el encuentro han sido los miembros del grupo de hip hop senegalés Keurgui y el rapero Fou Malade, quienes han abierto la asamblea con las canciones de protesta ‘¿Qué deuda?’ y ‘Mantén las manos en alto’. Miembros y represtantes de la revuelta tunecina, de la red por la abolición de la deuda externa, del movimiento campesino, sindicalistas, feministas, entre muchos otros, han tomado la palabra para decir claro y fuerte que es necesario combatir y derribar al sistema capitalista.

La declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales ha denunciado la guerra, las políticas de las instituciones internacionales y de las empresas transnacionales, la violencia ejercida contra las mujeres, la deuda externa, el cambio climático, la crisis alimentaria, el imperialismo y ha hecho un llamamiento a la acción. Así de claro lo dejaba el siguiente fragmento de la declaración: “El capitalismo destruye la vida cotidina de los pueblos. Pero, cada día nacen numerosas luchas por la justicia social, para eliminar los estragos del colonialismo y para que todas y todos tengamos una vida digna”.

Asimismo las dos últimas jornadas del Foro Social Mundial se han dedicado a la coordinación de las luchas y las campañas. Un total de 38 asambleas de convergencia se han llevado a cabo en ambos días. Una de las más numerosas ha sido la que con el nombre de ‘Mapa de luchas: de COP 17 a Río +20′ ha establecido una hoja de ruta de la cumbre del clima COP17 en Durban a finales del 2011 a la cumbre de Río +20 a mediados del 2012, convocando, antes o entre ambas fechas y con el objetivo de movilizar, a una 2a Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, como continuación de la que tuvo lugar en Cochabamba, y a un Foro Social Mundial Temático en Brasil en enero del 2012 sobre estas cuestiones. Como decía uno de los participantes en esta asamblea: “Si Copenhaguen fue una tragedia, Cancún fue una traición; pero tenemos quince meses para movernos de Durban a Río, para salir a la calle y decirles a la cara que sabemos lo que están haciendo”.

 


* Esther Vivas desde Dakar.

+info: http://esthervivas.wordpress.com

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A.N.A.: Paraguay - huelga de hambre de 6 presos políticos -

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Buenos Aires, 8/2/2011 ( Agencia de Noticias Aratiri – A.N.A.)  Ayer, 6 presos políticos - referentes campesinos  -  entraron en huelga de hambre por tiempo indeterminado en Paraguay. Demandan justicia y las más básicas garantías de todo estado de derecho que se precie de tal. Como se sabe, el sector más combativo de las organizaciones campesinas es objeto de una abierta persecución política, asesinatos impunes a manos de Policía, militares y mercenarios  ( centenares en “democracia,”y durante el “cambio,” el gobierno de Lugo lleva ya 9 casos según denuncia CODEHUPY, ) torturas, cárcel y exilio, según modelo del Plan Colombia. Reiteramos que este modelo represivo es impuesto por la Embajada de EEUU, los agronegociantes, el Parlamento usurpado por los sectores dominantes del Partido Colorado ( stronismo ), el Poder Judicial ( fiscales y jueces narco colombianos ) y la Policía Nacional  y el Ejército de Paraguay. Estas fuerzas políticas, realmente operantes en Paraguay, vienen apropiándose de las acciones imputadas al Ejército del Pueblo Paraguayo ( E.P.P. ) para victimizar al pueblo y eludir sus legítimas demandas a favor de la reforma agraria, la libertad de los presos políticos y el fin de la impunidad de los terroristas de estado stronistas.

Para más información

Juan A. Martens: 0971-255775

En consonancia con la Campaña “Todos por un Bicentenario sin presos políticos en Paraguay” que promueven las compañeras del Colectivo de Ex Presas Políticas - Carmen Soler - ( a la cual se puede adherir en comisionparaguay@yahoo.com.ar ) - difundimos la denuncia de la Gremial de Abogados:

Asunción, 8 de febrero de 2011 ( Gremial de Abogados ) . -

La impropiamente llamada Justicia paraguaya mantiene prisioneros a más de 40 militantes políticos populares, casi todos ellos de origen humilde y campesino. Entre ellos destaca un grupo de 14 campesinas y campesinos, presos en el penal de Tacumbú y la cárcel de mujeres del Buen Pastor, la mayoría de ellos dirigentes y militantes de organizaciones de ese sector, como la OCN (Organización Campesina del Norte) y la ARUC (Articulación Rural y Urbana de Concepción). La detención de estos bajo acusaciones insostenibles pero intencionadamente amplias, tales como "apoyo logístico" al EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) o, incluso, "conocimiento" y "comunicación" con miembros del mismo, constituyó una indisimulada maniobra de amedrentamiento a la población campesina del Departamento norteño de Concepción y del Paraguay en general; buscando atacar además frontalmente a las organizaciones campesinas que generalizan su descontento ante la falta de cumplimiento de las promesas del presidente Lugo de avanzar en una cada vez más reclamada Reforma Agraria. La situación de estos 14 campesinos en particular y el grosero avasallamiento de todos sus derechos y, especialmente, los de acceder a un proceso con un mínimo de garantías, ha sido públicamente denunciada por organizaciones sociales y de Derechos Humanos, como la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay) y el Sindicato de Periodistas de este país.

Ante la reciente confirmación de que permanecerán en la cárcel por tiempo indefinido y ante la imposibilidad de que el Poder judicial del Paraguay se atenga a mínimas formas de respeto a los Derechos Humanos, un grupo de 6 de esos detenidos -Sindulfo Agüero Insaurralde, Aguedo Ramón Giménez, Sixto Sánchez, Alcio Alcides Soria Riveros, Julián de Jesús Ortiz Achucarro y Alcides Ramón Giménez González- comenzó este lunes 7 de febrero una huelga de hambre por tiempo indeterminado.

De entre esos seis, sobresale el caso de Sindulfo Agüero, dirigente fundador de la OCN, quien está próximo a cumplir 70 años y ya estuvo preso durante la dictadura stronista (prisión de la cual mantiene como secuelas una hernia, la pérdida de visión de su ojo izquierdo y un desprendimiento de retina en su ojo derecho que en poco tiempo lo dejará ciego).

Adjuntamos a esta: las cartas de Sindulfo y de Alcides donde informan de su decisión; la de la hija del primero (detenida por la misma causa en la cárcel del Buen Pastor de Asunción) hablando de su anciano padre y la gacetilla de prensa de la CODEHUPY.

Gustavo Franquet

GREMIAL DE ABOGADOS

BUENOS AIRES - ARGENTINA

Carta de Sindulfo

GACETILLA DE PRENSA

 

Asunción, 07 de febrero de 2011.-

FISCALÍA LO ACUSÓ DE UN DELITO SIN RELATAR HECHOS CONCRETOS

Sindulfo Agüero inicia huelga de hambre en la cárcel de Tacumbú Sindulfo Agüero (69), dirigente campesino de la Organización Campesina del Norte(OCN) inició este lunes 7 de febrero una huelga de hambre exigiendo celeridad en el proceso que se le sigue y objetividad al Ministerio Público, quien lo acusó de realizar un hecho punible sin decir qué realizó exactamente, cuándo lo realizó, cómo lo realizó. Sindulfo Agüero está preso en la cárcel de Tacumbú desde el 21 de enero de 2010, en condiciones de hacinamiento; sin tener acceso a alimentación adecuada, ni tratamiento médico acorde a las exigencias de su estado de salud. Está encerrado en una celda con más de 50 presos, entre quienes existen personas condenadas, contradiciendo mandatos constitucionales. Sindulfo Agüero fue imputado el 20 de enero de 2010 por los fiscales Sandra Quiñónez y Francisco Ayala, quienes alegaron que dio apoyo logístico al EPP. Sin embargo, los fiscales no mencionaron ningún hecho concreto que haya realizado Agüero. Se limitaron a decir que cruces de llamada lo involucran en el secuestro de Luis Linstron. El Ministerio Público pidió seis meses para investigar y demostrar la participación de Agüero en el secuestro de Linstron.

Sin embargo, al cabo de los seis meses, Sandra Quiñónez pidió se le amplíe el plazo por otros seis meses más, pues no tenía aún evidenciasen contra de Sindulfo Agüero.

Mientras, él seguía en prisión, en condiciones infrahumanas. El pasado 21 de enero de 2011, la fiscala Sandra Quiñónez acusó a Sindulfo Agüero. Sin embargo, no relató de manera concreta lo que él hizo, ni cómo lo hizo para merecer ser enjuiciado y acusado como exige el artículo 347 del Código Procesal Penal que manda quela acusación debe contener "la relación precisa y circunstanciada que se atribuye al imputado"

Juez niega acceso a texto de la acusación

El juez penal de garantías de Concepción, Jorge Benítez, quien está encargado del proceso, no ha notificado de la misma a las partes, ni tampoco permite el acceso al documento a los abogados defensores a pesar de haber transcurrido 17 días de la presentación de la acusación. Según el artículo 352 del CPP, presentada la acusación, el juez Jorge Benítez debió notificar a las partes y convocar a la audiencia preliminar en un plazo no menor de diez días, ni mayor de veinte. A los requerimientos sobre el expediente, sus funcionarios se limitan a decir, que el expediente está en el despacho, violándose nuevamente disposiciones legales.

 Para más información

Juan A. Martens: 0971-255775

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Capítulo Paraguayo

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Vimos denunciar a existência de graves equívocos nos processos de planejamento e construção de grandes hidrelétricas na Amazônia, Senhora Dilma Rousseff

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 
 "Vimos apresentar propostas de encaminhamento para superar os problemas  e denunciar a existência de graves equívocos nos processos de planejamento e construção de grandes hidrelétricas na Amazônia"
 
Carta da Aliança em Defesa dos Rios Amazônicos para Dilma Rousseff

Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff

Presidente da República Federativa do Brasil

 

Brasília, 08 de fevereiro de 2011

 

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Senhora Presidente,

 

Em primeiro lugar, parabenizamos Vossa Excelência pela sua eleição como a primeira mulher presidente do Brasil, um fato de enorme importância histórica. Ao mesmo tempo, nós, movimentos de povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, agricultores familiares e de outras populações que habitam ao longo dos rios amazônicos, integrantes da Aliança em Defesa dos Rios Amazônicos, em conjunto com outras entidades parceiras da sociedade civil, vimos denunciar a existência de graves equívocos nos processos de planejamento e construção de grandes hidrelétricas na Amazônia, assim como apresentar propostas de encaminhamento para superar os problemas identificados.

Em janeiro de 2011, a Comissão Especial “Atingidos por Barragens” do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), lançou um importante relatório que concluiu, após análise de diversos estudos de caso, inclusive da Hidrelétrica de Tucurui, que “o padrão vigente de implantação de barragens tem propiciado de maneira recorrente graves violações de Direitos Humanos, cujas conseqüências acabam por acentuar as já graves desigualdades sociais, traduzindo-se em situações de miséria e desestruturação social, familiar e individual.”

Senhora Presidenta, nossas experiências recentes com o planejamento e a construção de mega-hidrelétricas na Amazônia – como a usina do Estreito no rio Tocantins, as usinas de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira, o Complexo Belo Monte no rio Xingu e as hidreletricas propostas para os rios Tapajós, Jamanxim e Teles Pires – respaldam plenamente esta e outras conclusões da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” do CDDPH. Nesse sentido, registramos as seguintes constatações:

1. Sem desconsiderar as relevantes contribuições da hidroeletricidade para a matriz energética brasileira, é motivo de grande espanto e preocupação a verdadeira corrida para construir uma quantidade enorme e sem precedentes de novas hidreletricas na Amazônia nos próximos anos: em torno de 70 grandes barragens (UHEs) e 177 PCHs, inclusive 11 grandes hidrelétricas somente na bacia do Tapajós/Teles Pires, segundo dados do PNE e do PDE. O peso descomunal nesses planos para a construção de novas hidreletricas na região amazônica reflete, entre outras causas, o fato de que o planejamento do setor elétrico é realizado sem participação democrática – como demonstra a falta de nomeação de representantes da sociedade civil e da universidade brasileira no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), contrariado o Decreto no. 5.793 de 29 de maio de 2006. Alem disso, reflete a proximidade, ou como dizem alguns, “relações promíscuas” entre o setor elétrico do governo (MME/EPE/Eletrobrás) comandado atualmente pelo grupo Sarney, e grandes empreiteiras como Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, que, vale lembrar, se classificam entre os primeiros lugares do “ranking” de grandes doadores para campanhas eleitorais, inclusive as dos PT e do PMDB. O resultado desse quadro político-institucional é que decisões no planejamento do setor elétrico são tipicamente orientados mais por uma lógica privada do que critérios de eficiência econômica, justiça social e sustentabilidade ambiental, ou seja, interesses públicos estratégicos, consagrados no arcabouço legal a partir da Constituição Federal de 1988.

2. Senhora Presidente, os processos recentes de planejamento e construção de grandes hidrelétrica na Amazônia (Estreito, Santo Antônio, Jirau, Belo Monte, Tapajós/Teles Pires, etc.) comandados pelo grupo Eletrobrás e grandes empreiteiras, tem se caracterizado como um verdadeiro rolo compressor em cima das populações locais e de seus territórios, violando sistematicamente direitos humanos, individuais e coletivos, e a legislação ambiental. Uma das características desse rolo compressor é a predominância de uma lógica privada entre a Eletrobras e seus sócios privados de sempre buscar a minimização de custos financeiros relacionados à mitigação e compensação dos impactos sociais e ambientais de seus empreendimentos.

3. Assim, uma das falhas crônicas no planejamento de hidrelétricas é a subestimação de impactos sociais e ambientais nos estudos de inventário de bacia, de viabilidade e de impacto ambiental, elaborados pelo grupo Eletrobrás e seus parceiros do setor privado. Isso acontece de várias formas, destacando-se:

a) adoção de conceitos de “atingidos” que desconsideram as relações específicas de populações tradicionais com as florestas, várzeas, igapós e rios da Amazônia que envolvem a agricultura, o extrativismo, a pesca artesanal e outras atividades produtivas, assim como o transporte fluvial e outros elementos que fazem parte do universo que garante a sustentação social, econômica e cultural das comunidades. No extremo, chega-se a tornar “invisíveis” grupos inteiros da população (extrativistas, pescadores, barqueiros, garimpeiros, etc.) negando a existência de impactos negativos e riscos associados, inclusive violações de direitos, como forma de reduzir custos. Essa prática é especialmente repugnante no caso de grupos indígenas em isolamento voluntário que vivem nas áreas de avanço desenfreado de hidreletricas como Jirau e Belo Monte.

b) sub-dimensionamento de problemas associados à chegada de milhares de migrantes na busca de empregos nos canteiros de obras, como o agravamento da violência urbana, trafico de drogas e uso de entorpecentes, prostituição infantil e a sobrecarga de serviços públicos em vilarejos e cidades, a exemplo do atual estado de calamidade da saúde pública e do sistema penitenciário em Porto Velho. Conforme demonstrado em casos como Tucurui, um importante impacto ambiental das hidrelétricas, relacionado ao fluxo migratório é o aumento do desmatamento – antes, durante e depois da fase das obras.

c) redução artificial das áreas geográficas impactadas pelas hidrelétricas nos estudos de impacto ambiental (EIA). Para possibilitar isso, desconsidera-se a dinâmica ambiental e social dos territórios (como os peixes migratórios e sua importância para a base econômica e de subsistência das populações ribeirinhas). Alem disso, deixa-se de lado a legislação ambiental, como a Resolução 01/86 do CONAMA, que requer a análise de impactos em nível de bacia hidrográfica, o que simplesmente não aconteceu em casos como as hidreletricas do Madeira e Belo Monte. Essa pratica é facilitada pelo uso indevido nos EIAs de conceitos como “área de influência direta – AID”, “área diretamente afetada – ADA” e “área de influência indireta – AII” que vêm de estudos do setor elétrico e que não fazem parte da legislação ambiental.

d) sub-estimação e negação de impactos sociais e ambientais, e riscos associados, desconsiderando informações científicas, a exemplo das conseqüências do barramento do Rio Xingu no sitio Pimental com o desvio de até 80% do fluxo do rio para um reservatório artificial a partir de um canal de derivação. Nesse caso, o EIA menosprezou os impactos socioambientais num trecho de cerca de 100 km da Volta Grande do Xingu que ficaria quase sem água, peixe e meios de transporte, com elevada probabilidade de provocar a remoção forçada da população indígena das TIs Paquiçamba e Arara, vetada pela Constituição Federal. Outros impactos ambientais tipicamente sub-dimensionados ou mesmo ignorados no planejamento de hidrelétricas incluem, entre outros, ameaças à biodiversidade e emissões de metano, um poderoso gás de efeito estufa que é pelo menos 23 vezes mais potente que o CO2

e) falta de abordagem nos EIAs de impactos cumulativos com outros empreendimentos, tais como outras hidrelétricas na mesma bacia hidrográfica, linhas de transmissão, hidrovias, rodovias e a expansão associada de fronteiras de produção de commodities agropecuários, florestais e minerais, desconsiderando a Resolução 01/86 do CONAMA.

f) mudanças nos projetos de engenharia e localização de projetos, a exemplo das hidrelétricas do Madeira e Belo Monte, no intuito de baratear custos de construção para os empreendedores, apos a concessão da Licença Prévia e leilão, sem a realização de estudos complementares sobre impactos e riscos socioambientais decorrentes, inclusive em termos de segurança das barragens e reservatórios.

4. Uma outra característica alarmante do planejamento de hidrelétricas na Amazônia tem sido a falta de transparência, de acesso a informação, e de participação informada das populações locais e a ausência de dialogo entre o governo e a sociedade civil. Destacam-se, nesse sentido, as audiências públicas nos processos de licenciamento ambiental de grandes hidrelétricas, que tem demonstrado os seguintes problemas crônicos, em descumprimento da legislação vigente:

a) autorização pelo IBAMA de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) incompletos e distorcidos da realidade como base para a realização de audiências públicas;

b) falta de divulgação adequada dos EIA/RIMA em linguagem acessível, com copias disponibilizadas nas comunidades, em tempo hábil para análise e discussão antes da realização das audiências publicas;

c) um número insuficiente de audiências realizadas em locais nos quais uma parte significativa da população mais ameaçada pelos empreendimentos não tem oportunidade de participar;

d) utilização de um forte aparato policial repressivo nas audiências que acaba inibindo a participação efetiva da sociedade local.

e) resultados das audiências públicas desconsideradas na tomada de decisões sobre a viabilidade ambiental de hidrelétricas, tornando-as apenas ritos burocráticos para legitimar decisões já tomadas sobre empreendimentos mal-planejados.

No que se refere à ausência de dialogo sobre a construção de novas hidrelétricas na Amazônia, existe uma ampla documentação das inúmeras ocasiões em que denúncias, apelos, demandas e preocupações dos povos indígenas e dos movimentos sociais têm sido simplesmente ignorados pelo governo, enquanto convites procedentes de organizações da sociedade civil, de instituições acadêmicas e do Ministério Público para participar em debates públicos são recusados. Alem disso, análises e recomendações de renomados especialistas, que poderiam subsidiar de forma muito significativa os debates sobre o planejamento e licenciamento ambiental de hidrelétricas, são menosprezadas e desconsideradas.

5. Senhora Presidente, um dos exemplos mais graves da falta de transparência e diálogo entre governo e sociedade no planejamento de hidrelétricas refere-se ao descumprimento do artigo 231 da Constituição Federal e da Resolução 169 da OIT, que asseguram aos povos indígenas o direito à consulta e ao consentimento livre, prévio e esclarecido sobre grandes empreendimentos que afetam seus territórios e suas vidas. Ao invés de cumprir com esses preceitos legais, os proponentes de hidrelétricas têm buscado formas de burlá-los. Veja, por exemplo, o caso de Belo Monte, onde já se tentou argumentar que não se aplicaria o inciso 3º do artigo 31 da Constituição Federal, como se o desvio de 80% da água do rio Xingu da Volta Grande, onde localizam-se as TIs Paquiçamba e Arara da Volta Grande, não fosse uma forma de aproveitamento dos recursos hídricos das terras indígenas!

6. Enquanto as populações locais ficam sem acesso a informações confiáveis sobre os potenciais impactos e riscos das grandes hidrelétricas, e sem canais efetivos de consulta e dialogo com o governo, a propaganda oficial do governo nos meios de comunicação dissemina informações distorcidas e enganosas sobre os empreendimentos, caracterizando-se como uma espécie de panacéia para os problemas de desenvolvimento regional, como se, num passe de mágica, os empreendedores fossem capazes de zerar um déficit histórico de políticas públicas na Amazônia.

7. Quando os problemas citados acima na fase de planejamento de hidrelétricas têm sido detectados, a resposta típica do governo não tem sido de corrigir erros, mas intensificar pressões políticas sobre órgãos como a Funai e o Ibama para acelerar a concessão de licenças ambientais. A politicização de processos de licenciamento ambiental tem se caracterizado pela desconsideração de pareceres de equipes técnicas do Ibama e da Funai por seus presidentes, que cometem equívocos na concessão de Licenças Prévias para empreendimentos sem viabilidade ambiental , e Licenças de Instalação (inclusive “parciais”, algo inexistente na legislação ambiental brasileira) sem o devido cumprimento de condicionantes da LI.

Nesse sentido, repudiamos veementemente a concessão de uma Licença de Instalação “parcial” para as instalações iniciais do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte em 26/01/11, sem o devido cumprimento de condicionantes da Licença Prévia, por sua vez concedida sob forte pressão política, contrariando pareceres da equipe técnica do Ibama e de outros especialistas. A concessão da LI parcial para Belo Monte foi respaldada em outro ato grave: o envio de um oficio do Presidente da Funai para o IBAMA em 20 de janeiro, dando aval para a concessão de um LI parcial, sem a devida apresentação de qualquer avaliação do órgão sobre o cumprimento das condicionantes da LP, enquanto foi ignorado um parecer da equipe técnica da Funai (Informação no. 22/CGGAM de 14/01/11) com fortes argumentos contra a concessão da LI parcial.

8. Conforme demonstrado no caso de Belo Monte, há graves deficiências nos procedimentos de aprovação da viabilidade econômica de grandes hidrelétricas. Em primeiro lugar, existe o problema já mencionado da sub-estimação dos custos de mitigação e compensação de impactos socioambientais e seus riscos. Na realidade, muitas hidrelétricas nunca seriam consideradas economicamente viáveis se fossem considerados seus verdadeiros custos socioambientais, que são sistematicamente ‘externalizados’. No caso de Belo Monte, têm persistido enormes incertezas sobre os custos de construção do empreendimento (que subiram de 20 para 25 bilhões de reais desde o leilão), que nunca foram resolvidos pelo Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE). Outro problema grave, referente à viabilidade econômica de Belo Monte, é a sua reduzida capacidade de geração de energia (media de 4.420 MW ) em relação a capacidade instalada de 11.233 MW (ou seja, 39%) como reflexo da elevada sazonalidade do rio Xingu, que tende a se agravar no atual cenário de mudanças climáticas. Apesar da identificação de uma série de falhas por sua equipe técnica, com indícios de que o Complexo Belo Monte seria um péssimo negocio para o país, os conselheiros do Tribunal de Contas da União – TCU resolveram aprovar “politicamente” os estudos de viabilidade (EVTE) e impacto ambiental (EIA) do empreendimento, com ressalvas a necessidade de correções em futuros projetos.

Vale lembrar que os fortes indícios da inviabilidade econômica de Belo Monte levaram ao afastamento de grandes investidores privados, na época do leilão. Em resposta, ao invés de rever as contas de Belo Monte e reconsiderar a sua viabilidade econômica, o governo lançou um pacote inédito de incentivos creditícios e fiscais, bancados pelo contribuinte brasileiro, que mesmo assim não conseguiram atrair a grande maioria dos investidores privados. No final das contas, foi criada uma situação bastante confortável para grandes empreiteiras, contratadas sem licitação pública e sem correr riscos como investidores, enquanto os riscos financeiros (inclusive de um mega-empréstimo do BNDES) são repassados para o contribuinte brasileiro e os fundos de pensão como a Petros, Funcef, e Previ.

9. A fase de implantação de grandes hidrelétricas na Amazônia tem sido acompanhada por outros graves problemas recorrentes, em parte relacionados àqueles descritos da fase de planejamento, destacando-se:

a) procedimentos de indenização e reassentamento de atingidos que ignoram as especificidades dos meios de vida das populações amazônicas, conduzidos por empreendedores de forma individualizada e em desconsideração às organizações representativas das populações locais, contribuindo para a desestruturação social, econômica e cultural de famílias e comunidades;

b) vinculação de condicionantes ambientais a programas que compõem um “Plano Básico Ambiental – PBA”, alem do “Plano de Compensação Ambiental – PCA” que se caracterizam pela falta de transparência e participação na sua elaboração e execução, por conteúdos genéricos e sem perfil operacional, e por graves problemas de inadequação para mitigar impactos e riscos sub-dimensionados nas fases do EIA e LP;

 

c) falta de correlação entre o cronograma de implementação de condicionantes socioambientais e o cronograma da obra (Por exemplo, as primeiras medidas de reconhecimento e proteção de grupos indígenas isolados nas proximidades da UHE Jirau do Rio Madeira só foram tomadas após a hidrelétrica chegar num estágio avançado de construção);

 

d) falta de monitoramento efetivo de impactos socioambientais dos empreendimentos, e de fiscalização rigorosa do cumprimento de condicionantes das licenças ambientais por parte do IBAMA, que carece de estrutura institucional adequada nos estados.

 

10. Senhora Presidente, as diversas ilegalidades constatadas nos processos de licenciamento e implantação de grandes hidrelétricas na Amazônia têm provocado o ajuizamento de Ações Civis Públicas por parte do Ministério Público, em cumprimento de sua função de defesa do Estado de Direito e do interesse público. Somente no caso de Belo Monte, já são dez ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal no Estado do Pará! Ao invés de reconhecer erros cometidos e buscar corrigi-los, o governo federal, representado pela Advocacia Geral da União (AGU), tem pressionando presidentes do Tribunal Regional Federal (TRF1) a aplicar indevidamente o instrumento de “suspensão de segurança”, com argumentos infundados sobre a iminência de um apagão no setor elétrico, para justificar a derrubada de liminares a favor de ações movidas pelo Ministério Público. O resultado dessa prática tem sido a sanção de violações dos direitos individuais e coletivos de populações ameaçadas por grandes hidreletricas na Amazônia.

 

11. Como se isso não fosse suficiente, a AGU tem adotado práticas de intimidação de procuradores da República e juizes federais que têm questionado violações de direitos humanos e outras ilegalidades na construção de hidrelétricas, justamente por terem cumprido com seus papeis constitucionais. De forma semelhante, representantes do governo, como o Ministro Edison Lobão, têm adotado práticas de intimidação e até “demonização” de povos indígenas, movimentos sociais e outras entidades sociais que se opõem ao atual rolo compressor de implantação mega-barragens ilegais e destrutivas na Amazônia, lembrando os tempos sombrios da ditadura militar.

 

Senhora Presidenta, o governo tem afirmado que a construção de uma quantidade sem precedentes de hidreletricas na Amazônia vai garantir uma fonte de energia limpa e barata para que o país continue crescendo em ritmo acelerado, evitando o apagão do setor elétrico e atendendo as necessidades dos consumidores brasileiros, sobretudo dos mais pobres que têm aumentado o seu poder aquisitivo nos últimos anos. Sobre essas afirmações, gostaríamos de dizer o seguinte:

 

• as grandes hidrelétricas na Amazônia, a exemplo de Belo Monte, não são uma fonte de energia “limpa”. Pelo contrario, trazem em seu rastro a expulsão de populações indígenas, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, pescadores e agricultores familiares de suas casas, malocas, roças, florestas e rios; significam a desestruturação de famílias e comunidades, com rios mortos e florestas devastadas; trazem para nossas cidades o aumento da violência, da prostituição, do trafico de drogas, do desemprego, da fome e da miséria; e para completar, são acompanhadas por intimidações e até ameaças de morte contra defensoras e defensores dos direitos humanos, além da criminalização de movimentos sociais. Como esses projetos de morte podem ser chamados de “limpos”?

 

• o preço da energia das grandes hidrelétricas na Amazônia não considera seus verdadeiros custos em termos de impactos sociais e ambientais, inclusive violações de direitos humanos, que nunca são contabilizados; além disso, reflete generosos subsídios de crédito e incentivos fiscais que beneficiam a indústria das barragens, que são pagos pelo contribuinte;

 

• grande parte da energia de novas hidrelétricas previstas na Amazônia seria destinada a grandes indústrias eletro-intensivas que exportam alumínio e minério de ferro com baixo valor agregado, gerando pouquíssimos empregos na região, e não para atender as populações mais pobres, como afirma o discurso oficial do governo.

 

• A obsessão do governo em construir uma enorme quantidade de hidrelétricas na Amazônia prejudica o aproveitamento de oportunidades para colocar em prática uma política energética e estratégias de desenvolvimento voltados para os desafios do século 21, pautadas na eficiência energética, diversificação da matriz energética, inovação tecnológica e ampliação de escala de fontes verdadeiramente limpas, como eólica e solar.

 

 

Conclusões e propostas de encaminhamento

 

Senhora Presidente, as experiências relatadas nesta carta, referendadas nas conclusões da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), revelam um quadro extremamente grave, incompatível com compromissos assumidos em seu discurso de posse, que requer soluções efetivas, urgentes e duradouras. Nesse sentido, apresentamos para a apreciação de Vossa Excelência as seguintes propostas de encaminhamento:

 

1. Democratizar o planejamento energético, tornando-o transparente e participativo, com a efetivação de espaços de debate e dialogo entre governo e sociedade na tomada de decisões, facilitando a participação de movimentos sociais, ONGs e comunidade acadêmica. Um passo nessa direção deve ser a nomeação dos representantes da sociedade civil e da universidade brasileira no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), conforme o Decreto no. 5.793 de 29 de maio de 2006, em consulta com suas redes representativas;

 

2. Garantir a adoção de uma perspectiva ampla de planejamento da matriz elétrica, implantando metodologias de avaliação de impactos que captem e internalizem os custos socioambientais hoje externalizados, com parâmetros de análise do custo-benefício social, econômica e ambiental que permitam a identificação de alternativas com maior benefício social e econômico e menor custo social e ambiental. Assim, as orientações estratégicas de uma política energética brasileira no século 21 devem incluir, entre outras:

 

a) prioridade para maximizar a eficiência energética nos sistemas de geração (inclusive no aumento da potência de hidrelétricas), transmissão e consumo (industrial, comercial, residencial); Vale lembrar que só o desperdício de energia nos sistemas de transmissão no Brasil, de cerca de 20 gigawatts, é equivalente a cinco usinas de Belo Monte!

 

b) apoio ao desenvolvimento tecnológico e ampliação de escala de fontes alternativas renováveis: solar, eólica e biomassa;

 

c) garantia do pleno respeito dos direitos humanos, inclusive os direitos de povos indígenas e outras populações tradicionais a seus territórios, e o reconhecimento da dinâmica dos sistemas ecológicos, no planejamento dos empreendimentos;

 

d) plena articulação da política energética, inclusive o Plano Nacional de Energia (PNE) com outras políticas públicas estratégicas, referentes à gestão de bacias hidrográficas, áreas protegidas, desenvolvimento territorial, conservação da biodiversidade, mudanças climáticas e direitos das populações tradicionais.

 

3. Implementar, em regime de urgência, as recomendações da Comissão Especial “Atingidos por Barragens” do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) nas seguintes direções de ação, tanto na Amazônia como em outras regiões do pais:

 

a) Imediata suspensão de situações, processos e ações, de responsabilidade direta ou indireta de agentes públicos ou privados, que configurem violação de direitos humanos;

 

b) Reparação e compensação de violações de direitos humanos constatadas, de modo a resgatar, ainda que progressivamente, a dívida social e ambiental acumulada ao longo das últimas décadas;

 

c) Prevenção de novas violações no futuro, através de políticas, programas e instrumentos legais que assegurem o pleno gozo dos direitos por parte das populações, grupos sociais, comunidades, famílias e indivíduos atingidos por barragens.

 

4. Garantir o pleno respeito aos direitos humanos e à legislação ambiental nos processos de planejamento e licenciamento de planejamento de hidrelétricas, inclusive o direito das populações indígenas à consulta livre, previa e informada, conforme o artigo 231 da Constituição Federal e a Convenção 169 da OIT;

 

5. Cancelar definitivamente o Complexo Belo Monte, considerando a comprovada inviabilidade social, ambiental e econômica do empreendimento, com a imediata suspensão das licenças ambientais (LP, LI parcial) concedidas ilegalmente pelo Presidente IBAMA, com o aval infundado do Presidente da Funai, num contexto de forte pressão política. Estas medidas precisam ser tomadas com a máxima urgência, considerando os riscos de uma situação social explosiva com o inicio iminente das obras, e outras conseqüências ecológicas, sociais, culturais e econômicas nefastas e irreversíveis.

 

Caso o governo insista em continuar atropelando as leis para enfiar Belo Monte goela abaixo dos povos indígenas, agricultores, ribeirinhos e demais outros grupos sociais do campo e da cidade, reafirmamos que vamos continuar enfrentando este projeto de morte com todas as nossas forças. Temos a lei do nosso lado, e cresce de maneira vertiginosa o apoio de milhares de brasileiros e cidadãos conscientes do mundo todo à nossa causa. E responsabilizamos desde já o Governo Brasileiro por qualquer gota de sangue que venha a ser derramada nesta luta.

 

6. Revisar conceitos, metodologias, e instrumentos de orientação do planejamento de novas barragens (UHEs, PCHs), com vistas à superação das deficiências identificadas nesta carta, com atenção especial para conceitos de atingidos, ferramentas de análise de impactos socioambientais, análise comparativa de alternativas, transparência e participação social.

 

7. Viabilizar, de forma transparente e participativa, a definição e implementação pelo BNDES e outros bancos públicos de um conjunto de orientações estratégicas para investimentos no setor elétrico, associado a uma nova política de salvaguardas socioambientais pautada no pleno respeito à legislação sobre direitos humanos e o meio ambiente.

 

8. Orientar a AGU a cessar imediatamente práticas que visem unicamente acelerar o licenciamento de grandes hidrelétricas, garantindo o pleno reconhecimento da legislação brasileira e dos acordos internacionais sobre os direitos humanos e a proteção do meio ambiente, e das atribuições legais do Ministério Público Federal e do judiciário (varas federais, TRF1).

 

9. Determinar ao grupo Eletrobras que, na sua atuação institucional, inclusive como membro de consórcios e Sociedades de Propósito Específico (SPE), não permita, em qualquer hipótese, práticas de intimidação e coerção de lideranças e outros membros de comunidades e movimentos sociais, no intuito de conseguir o aval para empreendimentos hidroelétricos.

 

10. Viabilizar sistemas independentes de monitoramento de impactos sociais e ambientais das hidrelétricas e de outras grandes obras de infra-estrutura, custeados pelos empreendedores, que dêem às populações locais condições de fiscalizar, com autonomia, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelos empreendedores nas diferentes fases do licenciamento das obras (LP, LI, LO);

 

11. Promover medidas necessárias de fortalecimento da capacidade institucional do Ibama, inclusive seus escritórios regionais, para cumprir com suas obrigações legais de fiscalizar efetivamente as condicionantes de licenças ambientais de hidrelétricas e outros grandes empreendimentos;

 

12. Garantir o apoio efetivo para iniciativas participativas de desenvolvimento local e regional na Amazônia, voltadas para assegurar a qualidade de vida dos povos indígenas, ribeirinhos, pequenos agricultores, quilombolas e outros grupos do campo e da cidade, com geração de emprego e renda, respeitando a diversidade cultural e ambiental.

Senhora Presidente, agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de um retorno de Vossa Excelência com a brevidade possível, para que possamos avançar juntos na discussão e implementação das propostas de encaminhamento aqui apresentadas, inclusive aquelas que se referem a assuntos de urgência máxima.

Cordialmente,

Aliança dos Rios da Amazônia

Movimento Xingu Vivo para Sempre – MXVPS

Aliança Tapajós Vivo

Movimento Teles Pires Vivo

Campanha Viva o Rio Madeira Vivo

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB

Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB

Contatos:

Antônia Melo Silva

Coordenadora, Movimento Xingu Vivo para Sempre – MXVPS

Correio eletrônico: <xinguvivo@yahoo.com.br>

Tel: (93) 3515-2927. 9135-1505

www.xinguvivo.org.br

Enoy Njoura Sena

Aliança Tapajós Vivo

Correio eletrônico: enoysena@yahoo.com.br

Tel: (93) 9122-6398

http://tapajoslivre.org/site/

Nilfo Wandscheer

Presidente, STR Lucas do Rio Verde

Movimento Tapajós Livre

Correio eletrônico: nilfo@gmail.com

Tel: (65) 9995-7668

http://strlrv.blogspot.com/

Jorge Gustavo Neves Pedrosa

Instituto Madeira Vivo

Correio eletrônico: imvivo2008@gmail.com

Tel: (69) 8423-7671

http://www.riomadeiravivo.org/

Marcos Apurinã – Coordenador

Sonia Guajajara – Vice –Coordenadora

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

Correio eletrônico: <secretaria@coiab.com.br>

Tel: (92) 3621-7501

http://www.coiab.com.br/

Comunidades e entidades parceiras e de apoio que endossam esta carta:

Aldeia Paquiçamba

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB

Associação dos Povos Indígenas Juruna do Xingu km 17 – APIJUX KM 17

Associação do Povo Indígena Arara do Maia – ARIAM

Associação Indígena Tembé de Santa Maria do Para – AITESAMPA

Associação dos Agricultores da Volta Grande do Xingu

Associação dos Agricultores Ribeirinhos do Arroz Cru

Associação dos Agricultores Ribeirinhos do PDS Itatá

Associação dos Agricultores Familiares do Canoé e Cutião

Associação dos Pequenos Agricultores da Gleba Paquiçamba

Associação dos Pequenos Produtores, Extrativistas e Pescadores da Região do Arroz Cru

Associação dos Produtores Orgânicos da Volta Grande do Xingu

Associação Radio Comunitária de Altamira

Associação Brasileira de Ongs – Regional Amazônia (ABONG/Regional Amazônia) Associação AARPI

Colônia de Pescadores de Porto de Moz Z-64

Comissão de Justiça e Paz – CJP

Comissão Pastoral da Terra – CPT

Comité de Desenvolvimento Sustentável de Porto Moz

Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses

Comitê Independente por Justiça Ambiental/RJ

Comitê Metropolitano Xingu Vivo (CMXV) – Belém – PA

Conselho Indigenista Missionário – CIMI

Elo, Ligação e Organização

Fórum da Amazônia Oriental – Rede FAOR

Frente em Defesa da Amazônia, Santarém

Fundação Tocaia, Altamira, Pará

Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, UFMT

Instituto Indígena Maiwu de Estudos e Pesquisa de MT

Instituto Socioambiental – ISA

Instituto Humanitas de Belém, Pará

Instituto de Transformance: Cultura e Educação

Instituto Amazônia Solidária e Sustentável-IAMAS

Instituto Caracol

International Rivers

Jornal A Verdade

Moradores da Comunidade Belo Monte

Movimento de Mulheres Campo e Cidade – PA

Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Altamira Campo e Cidade

Movimento de Mulheres Trabalhadores de Placas

Movimento Negro Altamira e Região

Movimento das Mulheres Campo e Cidade – Transamazônica e Xingu

Movimento Luta de Classes – MLC

Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas – MLB

Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH)

MPA/Via Campesina

Paraense de Apoio às Comunidades Carentes – APACC

Partido Comunista Revolucionário – PCR

PJR/Via Campesina

Prelazia do Xingu

Rádio Rural de Santarém, Pa.

Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais

Rede Brasileira de Arteducadores

SOCALIFRA

Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos (SDDH)

SOS Vida

Sindicato de Trabalhadores e Trabaalhadoras Rurais de Porto de Moz

Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana do Pará – Sindilimp/PA

SINTEPP Regional

Terra de Direitos

União da Juventude Organizada do Xingu – UJOX

União da Juventude Rebelião – UJR

União dos Estudantes Secundaristas de Belém – UESB

 

 

 
 
 
SOS RIO GRANDE - RIBEIRINHOS PEDEM FIM DAS PCHs
Paredão no Sítio Grande - Rio Grande, em São Desidério (BA)
(foto site Câmara Municipal)
 
 

 

 


Ribeirinhos pedem fim das obras de hidrelétricas – Na região oeste, há 49 pequenas usinas em fase de estudo sosriosdobrasil.blogspot.com/2010_10_01_archi...

 

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Uruguay: Los jubilados pelean por su derecho al aguinaldo.

11 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

Los jubilados tienen derecho por ley al cobro del aguinaldo.
Lo pagan varias cajas, la notarial, la militar, la de profesionales.
Los jubilados y pensionistas se están organizando juntando firmas para reclamarlo al BPS.
Quien pueda, acompañe a su mamá, su papá, su abuelo/a a Jackson 1409 a hablar y a informarse sobre sus derechos con la coordinadora de jubilados y pensionistas.

Un país que no cuida sus viejos, no tiene futuro.

 

Ivonne Leites


Mas información en notas anteriores que encontraran bajo la caricatura de Gervasio Umpierrez

jubilado-aguinaldo.jpg

Notas anteriores con mas información

Uruguay: EL AGUINALDO DE JUBILADOS EN UN DERECHO QUE MARCA LA LEY

 

Uruguay: Aguinaldo de los jubilados: MILES DE FIRMAS APOYAN YA DEMANDA CONTRA EL BPS


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